Las tensiones internas surcan al Gobierno y también a la oposición

La aceptación del Gobierno de Alberto Fernández de que se aplique el artículo IV del estatuto del FMI, para que el organismo pueda revisar periódicamente las cuentas de la Argentina, se convirtió en el último capítulo de una saga en la que el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, actúan en base al pragmatismo y provocan reacciones desde la “pureza ideológica” de sectores internos de la coalición peronista, históricamente recelosos del establishment global.

Alberto F. puso como objetivo prioritario de su administración la reformulación del programa con el Fondo, que no incluirá una quita pero sí el estiramiento de los pagos, algo que Guzmán considera fundamental para que el Gobierno tenga margen de operar sobre la economía sin estar ahogado en términos financieros. Pero la imagen del ministro saludando con las dos manos a Kristalina Georgieva es un exceso para el kirchnerismo y otros actores del Frente de Todos.

Ya se lo habían hecho saber al Presidente –por medio de un emisario de bajo perfil que el jueves pasado visitó la quinta de Olivos- cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que las tarifas de los servicios públicos podrían ser descongeladas desde junio próximo, una vez que se deje sin efecto la ley de emergencia económica, que fijó un ´statu quo´ de 180 días en los precios de referencia. Y entonces, Alberto F. debió rectificar a su inexperimentado funcionario.

Pero en rigor, lo que había hecho Cafiero no era más que asumir públicamente un compromiso que el Gobierno sabe que tiene que cumplir con el FMI para que Georgieva y el directorio acepten reformular el programa para la Argentina. Esto es, el descongelamiento de las tarifas que, de otro modo, afectarán a las cuentas públicas por el peso de los subsidios en el mediano y largo plazo. Por ahora, son las empresas del sector energético las que están asumiendo los costos, pero no será por mucho tiempo. La cuestión es que tampoco el Estado se puede hacer cargo del déficit porque ni siquiera el actual es sostenible y es un aspecto que los acreedores consideran muy importante.

El reproche interno a Cafiero, que llegó a oídos del Presidente, se basó en dos argumentos: el jefe de Gabinete habló mucho antes de lo necesario; y no hizo ninguna mención a la “sociedad” que el oficialismo le atribuye al Gobierno anterior, el del ex presidente Mauricio Macri, con empresarios del área de la energía. Se trata de un asunto sensible para el FdT, que desde 2017 –en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.

LA REAPARICIÓN DE MACRI

También en la oposición se registran tensiones internas. La reaparición de Macri en la escena política, con una reunión a la que convocó a la mesa chica del PRO, provocó fricciones en la fuerza que lideró Cambiemos mientras ejerció el Gobierno nacional. Curiosamente, con Macri empieza a suceder ahora lo que pasó con Cristina Kirchner en el peronismo tras su salida del poder en 2015: hay dirigentes que, incómodos con su presencia, empiezan a perfilar sus propios liderazgos.

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Dentro del PRO, ese rumbo ya lo emprendió Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde porteño es un cultor de la gestión, pero le dio vía libre a varios funcionarios para recorrer el país y reunir voluntades de cara a 2023. En el territorio bonaerense, esa misión la encabezará su segundo, Diego Santilli. Y hay varios intendentes que se anotan en esta senda.

María Eugenia Vidal oscila entre Macri –a quien nunca cuestionó su liderazgo- y Larreta, con quien anduvo en tándem entre 2015 y 2019. Pese a las diferencias a futuro, la plana mayor del PRO acordó una posición de férreo rechazo a lo que considera como una “avanzada” del Gobierno sobre la Justicia. Por eso deploró un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy y aunó criterios para bloquear el ascenso del juez Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.

El caso de Jujuy preocupa especialmente a la oposición, porque en esa provincia gobernada por el radical Gerardo Morales está condenada judicialmente a prisión la dirigente Milagro Sala. El propio Alberto F. dio en la semana una señal a favor de la líder de la organización Tupac Amaru cuando se publicó en redes sociales un video con declaraciones del Presidente sobre el “lawfare”, que incluyó imágenes de Sala. Por la negativa, hubo otro mensaje: no aparecieron referencias a Julio de Vido ni Amado Boudou.

Morales estuvo en la quinta de Olivos, junto a otros gobernadores, para el acto de relanzamiento del programa Remediar. Allí dio cuenta de que, más allá de que Sala sea su archienemiga en Jujuy, las cuentas de la provincia norteña no soportan un distanciamiento del Gobierno nacional. Muy distinta es la postura de otro jefe radical, el diputado mendocino Alfredo Cornejo, que tiene aspiraciones presidenciales y que se muestra como uno de los más duros opositores a Alberto F.

PULSEADA POR LA DEUDA

Cornejo participó de una reunión con fondos de inversión que tienen bonos de la deuda argentina, en la que se vaticinó que la pulseada con el Gobierno será larga, más allá de que el FMI esté dando muestras concretas de que avala la reestructuración y que, incluso, pide a los bonistas que acepten una quita sustancial. Entre los fondos que participaron de ese encuentro hubo representantes de Fidelity, el mismo que puso en aprietos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La “crisis de sostenibilidad” de la deuda, como la define Guzmán, será uno de los ejes centrales del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que dará el 1 de marzo Alberto F. ante la Asamblea Legislativa. El Presidente tiene en sus planes hacer un diagnóstico sobre el estado del país, que a su juicio está en “terapia intensiva”, aunque no abundará en críticas al Gobierno anterior ni hablará, como lo hizo Macri, de la “pesada herencia”.

Con estilo de equilibrista, el mandatario anunciará en el recinto de la Cámara de Diputados que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, en sintonía con la demanda de organizaciones feministas. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo remitirá al parlamento otra iniciativa de protección de la mujer embarazada, como un gesto a la Iglesia. El debate en paralelo de ambos proyectos ampliará la discusión pública.

Ya se verificó que los partidos políticos están atravesados por este debate y se presume que en el Senado, la legalización del aborto todavía no reúne el voto mayoritario. Pero el envión que le dará al proyecto el Ejecutivo podría cambiar las cosas aunque no pude ignorarse el deseo de la Iglesia, especialmente porque el Papa es argentino. Menos entusiasmo se nota en el Gobierno –y también en el Congreso- por los temas vinculados a la seguridad pública. El silencio oficial tras la masiva marcha para reclamar justicia por el asesinato de Fernando Báez Sosa fue estridente.

La imagen de Guzmán saludando a Georgieva es un exceso para el kirchnerismo

En Santa Fe, donde en narcotráfico permeó en estamentos oficiales, se registraron 397 homicidios en toda la provincia en 2019, más de uno por día, mientras que este año ya hubo 40 asesinatos sólo en Rosario y su zona de influencia. El gobernador peronista Omar Perotti desplazó a 34 jefes policiales desde diciembre y su ministro de Seguridad, Marcelo Saín, atribuyó insólitamente la ola de crímenes a una cuestión “estacional”. En Santa Fe hay destinados 2.900 gendarmes y efectivos de fuerzas federales.

Pero evidentemente no alcanzan. Con otras proporciones, lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires. Con el condimento extra de la interna entre los ministros Sergio Berni y Sabina Fréderic. Como sucede en materia económica cuando el Gobierno y el FMI intercambian gestos favorables, también en el área de seguridad afloran las tensiones políticas. El peronismo se está reacomodando en pleno ejercicio del poder. Y a la oposición ensaya un obligado movimiento en espejo.