La emergencia sanitaria desatada por la expansión del coronavirus arrastra consigo una problemática no menos urgente, como es la crisis económica que golpea a amplios sectores de la Argentina y que el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio no hace más que agravar: para los trabajadores informales -un 40 por ciento en el país, según calculan en el Gobierno-, uno o varios días de confinamiento, sin su jornal, puede significarle una dramática merma en los ingresos.

Las primeras alarmas empezaron a sonar en los distritos más postergados del Conurbano, donde ya se advierte un aumento en la demanda de alimentos: “Son sectores que no están alcanzados por ningún tipo de prestación, que antes no se acercaban a los comedores y ahora comienzan a hacerlo”, admiten fuentes bonaerenses. Justamente para contener los efectos de un doble estrago -el sanitario y el económico- es que la Provincia descentralizó días atrás 300 millones de pesos como fondos rotatorios “para que los 135 municipios puedan comprar alimentos frescos”.

Esa descentralización, entienden fuentes gubernamentales, permitirá que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan: “Porque son los intendentes los que tienen más claro la cantidad de gente que necesita de esta ayuda en sus propios municipios”, explican.

En el Gobierno aspiran a lograr un complejo equilibrio: garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria sin que se resienta la realidad socieconómica de millones. Y evitar, al mismo tiempo, eventuales desbordes. “Se siguen tomando medidas complementarias, monitoreando a diario las necesidades”, apuntan en la Nación, y que medidas como la tarjeta Alimentar o los 10.000 pesos de ingreso que recibirán el próximo mes trabajadores informales y monotributistas de categorías bajas también buscan atender la situación de sectores que ven reducir sus ingresos.

Es una problemática que preocupa y que ayer fue abordada en la reunión del Comité de Emergencia bonaerense que encabezaron el gobernador, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Precisamente, a través de esta última cartera el Gobierno dispuso una partida suplementaria de 10 millones de pesos para que cada municipio del Conurbano compre más alimentos, mientras que el Ejército, que ya había desplegado efectivos para reforzar operativos de entrega de productos en Quilmes, comenzó a hacerlo en La Matanza, tan poblada como vulnerable.

Esta asistencia alimentaria para las comunas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue acordada en la reunión que mantuvieron el lunes el presidente, Alberto Fernández, y algunos intendentes de esos distritos, donde, además de las dificultades socioeconómicas, prevén que el contagio del coronavirus podría expandirse con mayor fuerza.

También, los curas villeros, que trabajan codo a codo con las barriadas populares, le expresaron su preocupación al Presidente, que los recibió ayer en Olivos. Fue luego de que, a través de un comunicado, alertaran sobre la imposibilidad de cumplir las medidas preventivas contra la pandemia en barrios en los que “existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura y donde muchas personas viven [...] sin acceso a condiciones elementales [...] y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”.