Para extender la cuarentena, el gobierno inyecta más dinero en la economía

El Gobierno empezó a abonar el terreno para una nueva extensión de la cuarentena más allá del 26 de abril. Y no lo hizo sólo filtrando pasajes de conversaciones que tuvo el presidente Alberto Fernández con distintos actores políticos, sino también con una resolución contante y sonante: la inyección de recursos sin precedentes en una economía paralizada y ante una sociedad cuyo principal problema es que no cuenta con dinero para sostener el aislamiento obligatorio.

La ampliación del aislamiento obligatorio será por dos semanas más, hasta el 10 de mayo

Según estimó ayer el Gobierno tras una reunión del Gabinete económico, desde que comenzó la cuarentena el pasado 20 de marzo, el Estado argentino fue engrosando el paquete de medidas para aliviar el mal trance de diversos sectores, hasta acumular fondos por 850.000 millones de pesos, el equivalente al 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI). La última decisión resonante fue la de abonar el 50% del salario de los trabajadores de empresas que tengan dificultades financieras.

“Tres puntos del PBI; es histórica la inversión”, afirmó un vocero gubernamental ante una consulta de EL DIA en la Casa Rosada, tras la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo) para explicar la ampliación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que el Gobierno anunció el domingo a última hora y que terminó de pulir ayer, en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Claro que ninguno de los funcionarios lo reconoció, pero el hecho de que el Gobierno haya decidido apuntalar a las empresas –por ende, al 80% del empleo privado-, a los cuentapropistas, los monotributistas y también a los desempleados, indica que el presidente Fernández está pensando en la posibilidad de extender nuevamente la cuarentena. En principio, sería por otras dos semanas, hasta el 10 de mayo, pero la fecha depende de la curva de contagios de Covid-19.

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Ante los ministros y demás funcionarios que integran el Gabinete económico, Cafiero explicó que a raíz de la implementación de la cuarentena se logró frenar la curva de contagios, que en principio se multiplicaba por dos cada tres días y luego se estiró a 14 días. Esa cuenta, que jornada tras jornada se actualiza desde el Ministerio de Salud, es justamente la que desvela a Alberto F.: evitar “el pico” para que no se desborde el sistema sanitario es el principal objetivo del Presidente.

Por eso el Gobierno busca por todos los medios que no se descontrole el transporte público, algo que preocupa mucho en la Rosada y también en la quinta de Olivos, donde se encuentra recluido el Presidente. De ahí que los funcionarios aún no se animaron a habilitar la actividad de grandes industrias y de sus sedes centrales en el centro porteño, porque la alta concentración de personas en los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sería letal.

Ante la parálisis que se impone a estas actividades, el Gobierno busca administrar la extensión de la cuarentena. Y la forma en que decidió hacerlo es inyectando recursos en la economía. Ayer terminó de aglutinar diversos programas con un financiamiento público sin precedentes, por 850.000 millones de pesos. La gestión de Alberto F. enfrenta, no obstante, algunos escollos para que ese dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Por eso apuntó contra los bancos.

“Pensamos que tendrían que haber funcionado con más agilidad”, dijo ayer en la conferencia el ministro Kulfas. También el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tuvo dificultades de implementación, aunque finalmente casi ocho millones de personas se anotaron para cobrar el subsidio de 10.000 pesos. Ahora, la expectativa oficial apunta a que las empresas se inscriban en el programa ATP para que los trabajadores cobren sus salarios y no haya suspensiones ni despidos.

“Esperamos que restrinjan las suspensiones a lo estrictamente necesario”, afirmó el ministro Moroni a sabiendas de que la ayuda estatal –para cubrir hasta el 50% de los salarios y postergar el pago de cargas patronales- es más conveniente para las empresas que firmar suspensiones, como ya lo hizo el gremio SMATA con las terminales automotrices. Justamente esa ecuación provocó que cayera el acuerdo que había alcanzado la UOM con las cámaras del sector metalúrgico.