“El tiempo se agota” y “la desesperación puede empezar a cundir”

En su carta al gobernador Axel Kicillof, los defensores generales aludieron a los casos de Julián Arakaki (condenado a perpetua por matar a su propia hija de 8 años) y los de cinco trabajadores que se contagiaron de coronavirus en situaciones distintas, para sentenciar que “el tiempo para disponer medidas ‘en forma racional y ordenada’ se está agotando”, dado “el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención”. Reclamaron así una “urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y vida de las personas que deban continuar privadas de libertad, de los trabajadores penitenciarios, sus familias y de la comunidad toda. Se vaticina que el contagio de una importante proporción de la población, demorada gracias a los esfuerzos de toda la sociedad, llegará indefectiblemente y sería de un optimismo ingenuo y muy peligroso pensar que ello no ocurrirá también dentro de las cárceles”. Y continuaron: “Ello contribuirá al colapso de los sistema de salud, pondrá en grave riesgo al personal de traslado y custodia, a sus familias y a la comunidad”. Advirtieron que “la desesperación puede empezar a cundir” entre los presos, “los recursos psíquicos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (tanto en el ámbito del Servicio Penitenciario, como en el Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando”.

Ese espíritu se refleja en el video que grabaron los internos de la Unidad 13 de Junín, cuyo vocero anuncia: “Les avisamos a las autoridad del SPB, al Gobierno, que se preparan para el mayor conflicto de la provincia de Buenos Aires en una cárcel”.

En su carta, los defensores aclaran que “la conmutación solicitada abarca -con las excepciones que puedan establecerse-” a internos “que en poco tiempo indefectiblemente recuperarían su libertad” y “casos que en general y en función de la pena concreta, corresponden a hechos que no son de los de mayor gravedad y respecto de los cuales ya se ha cumplido gran parte de la condena bajo condiciones de hacinamiento”.