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Ya lo había anticipado en su presentación ante la Suprema Corte bonaerense: si el máximo tribunal de la Provincia revocaba el hábeas corpus colectivo que habilitó las excarcelaciones de cientos de detenidos en el marco de la pandemia de coronavirus, recurriría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y eso es lo que evalúa por estas horas el defensor oficial ante el Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano, luego de que, como informó ayer este diario, el tribunal superior provincial dejara sin efecto el fallo firmado por el juez platense Víctor Violini y ordenara revisar caso por caso. Tanto para los arrestos domiciliarios ya otorgados como para los pendientes de ejecución, los magistrados deberán resolver teniendo en cuenta una serie de directrices que contemplen la situación de los reclusos en medio de la pandemia, pero sin descuidar la de las víctimas.
Ahora, la Defensoría oficial tiene diez días para decidir si interpone o no un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
La semana pasada, al presentar su memoria del caso, Coriolano había solicitado al mayor órgano judicial bonaerense que rechazara los planteos del fiscal ante Casación, Carlos Altuve, y del Procurador General, Julio Conte Grand, quienes habían solicitado la revocatoria del fallo.
Entonces, el Defensor había argumentado que era “imprescindible” que la Corte provincial dictara una norma para “fortalecer” el hábeas corpus que desató un sinfín de controversias.
En su escrito, Coriolano cuestionó los argumentos utilizados por Conte Grand, al aseverar que “no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General”. Pidió, asimismo, que el Ministerio Público Fiscal “acompañe las necesidades de morigeraciones y libertades, dentro de los marcos legales”.
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De ahí, la posibilidad de que esos argumentos escalen hasta el mayor tribunal del país.
Mientras, ayer continuaban las repercusiones tras el fallo de la Suprema Corte. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -que adhirió como amicus curiae al hábeas corpus presentado por los defensores oficiales- consideró como “un grave retroceso” a la sentencia del tribunal supremo provincial.
Para la CPM, las domiciliarias fueron “la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías” en medio del coronavirus. Para el organismo, la resolución que ordena revisar cada caso derivará “en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes”.
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