Analizarán si vuelven a la cárcel 151 presos excarcelados por la emergencia sanitaria

Más de 150 internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) beneficiados con medidas de prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus podrían ahora volver a prisión. La decisión la tomará cada uno de los jueces, que deberán revisar sus resoluciones en esas causas a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que revocó el hábeas corpus colectivo habilitado por el Tribunal de Casación.

La cifra, confirmada a EL DIA por fuentes del Ministerio de Justicia, se conoció en medio de las repercusiones por la decisión del máximo tribunal bonaerense, que el lunes pasado intervino en la controversia por las excarcelaciones con un fuerte revés contra el hábeas corpus firmado por el juez de Casación Víctor Violini.

Según los voceros consultados, son 151 los presos que efectivamente fueron excarcelados a partir de aquel controvertido fallo de Casación de principios de abril. Como lo ordenó el lunes la Corte, ahora los jueces deberán revisar esos beneficios sopesando los parámetros que estableció en su fallo el máximo tribunal.

La resolución firmada por Violini a partir de un recurso presentado por defensores oficiales, en rigor, derivó en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a partir de listados elaborados por el Ministerio de Justicia bonaerense con los internos que integraban grupos de riesgo y que estaban condenados por delitos leves.

En ese listado fueron incluidos en un principio 645 personas detenidas, se informó oficialmente. De ellas, a partir del fallo de Casación se le otorgó arresto domiciliario a 417 presos.

Pero de ese total, efectivamente fueron excarcelados 151, ya que en el resto de los casos los jueces decidieron esperar hasta que el hábeas corpus sea revisado por la Corte, que finalmente lo revocó.

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“DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS”

El máximo tribunal hizo lugar el lunes al recurso de ilegalidad interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve, y ordenó que cada juez deberá decidir si otorga o no la excarcelación, “mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”.

Esos mismos lineamientos correrán también para las liberaciones ya dispuestas, las cuales deberán ser “revisadas” y “evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente”.

Para los jueces del tribunal superior, Violini adoptó decisiones “arbitrarias” al avanzar con un criterio automático -basado en generalidades como el universo de riesgo y en la clasificación de delitos “leves”- sobre la atribución de los jueces competentes para evaluar y discernir, en medio de la crisis sanitaria, “la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad” pasibles de contraer coronavirus.

El fallo de la Corte generó ayer repercusiones de todo tipo. Mientras en la Defensoría de Casación evalúan si interponen un recurso ante la Corte nacional, organismos como la Comisión por la Memoria salieron a cuestionarlo en duros términos, al calificarlo como un “grave retroceso”. (Ver aparte).

Pero para el fiscal de Casación Carlos Altuve, quien había interpuesto el recurso ante la Corte contra el fallo de Altuve, la resolución del tribunal fue “muy buena, acorde a las expectativas”.

“Fijó parámetros para que los jueces, caso por caso y de forma individual, tuvieran la posibilidad de resolver este tipo de morigeraciones teniendo en consideración algunas pautas que le fijaron en el fallo”, explicó Altuve.

“Con mi recurso pretendí que la Corte ordenara la forma en que se iban a conceder las domiciliarias. El fallo lo que hizo fue eso: poner orden y establecer, bajo principio de razonabilidad y proporcionalidad, este tipo de pautas que tienen que tener los jueces para conceder o no las morigeraciones a las prisiones preventivas”, explicó.