Las cárceles y la Justicia bajo la lupa de la sociedad

La liberación de casi 2000 detenidos en cárceles y comisarías de la Provincia en el marco de la pandemia, a los que habría que sumar los al menos 300 excarcelados de prisiones federales, no sólo desató una áspera polémica y un cacerolazo social de protesta que se hizo sentir en muchas ciudades y localidades del país, sino que desnudó con crudeza uno de los costados más inquietantes que presentan la seguridad y el sistema penal, muy especialmente en el ámbito de la Justicia.

Como principio podría señalarse que no es razonable ningún tipo de excarcelación indiscriminada de presos, especialmente de aquellos que tienen condena penal por delitos graves, tal como lo ha interpretado el sentido común de la mayoría de la sociedad.

Es ciertamente atendible que, frente al flagelo del coronavirus, se haya permitido la salida de aquellos presos que integran los grupos de riesgo. Está fuera de duda que las personas detenidas tienen los mismos derechos a la salud que el resto de los habitantes. De allí que, en sintonía con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abogados defensores de personas privadas de su libertad elevaron a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria.

Ante estos pedidos, dos cámaras de Casación una federal y la otra bonaerense, fijaron posiciones en fallos que, sobre todo en el segundo caso, fueron cuestionados por cuanto habrían dispuesto liberaciones que supuestamente incluyeron a detenidos que no cumplían con los parámetros de la OMS, es decir ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes.

En cuanto a la cuestión sanitaria debiera formularse otra salvedad, en el sentido de que no se aprovecharon estos meses para buscar alternativas, consistentes, por ejemplo, en dotar a las cárceles de unidades anti COVID-19, instalándose en ellas hospitales de emergencia, o eligiendo algún otro lugar con capacidad para atender allí a los presos presuntamente contagiados.

La falta de previsiones –sumadas a las consecuencias negativas que causan el hacinamiento y otras endémicas deficiencias de las cárceles- pudo haber influido, acaso, para decidir esta liberación de presos que, sin embargo, resultó ser, cuanto menos, desprolija y cuyos efectos tardaron pocas horas en hacerse ver, a través de la detención de uno de los liberados que, a las pocas horas de salir, volvió a robar en un comercio y fue aprehendido por la policía.

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Entre la equidad y el resentimiento

También se ha señalado que entre los excarcelados hubo personas con condena firme, que no se encuentran entre la población de riesgo, y que entre ellos hay homicidas, narcotraficantes y violadores. De allí que resulten más que justificados los temores planteados en primer término por las víctimas directas o sus familiares, al ver que esos delincuentes retornan al barrio mucho antes de haber cumplido con la pena que se les impuso.

Otro punto a considerar tiene que ver con la imposibilidad material de control para constatar si los liberados cumplen o no, en forma efectiva, con las condiciones propias de una prisión domiciliaria. Se sabe que no hay suficientes tobilleras electrónicas y que resultaría también imposible suponer que se podría asignar un efectivo policial para que controle a cada uno de los liberados.

Bien se conoce que las cárceles -muchas de ellas, al menos-, se han convertido en coladores a través de los cuales entran y salen drogas, armas, favores y negociados. Sin tomar en cuenta ese contexto anárquico, antes de ordenar la liberación el tribunal de Casación bonaerense había dispuesto la entrega a los presos de celulares, sin registro ni requisitos a cumplir. A las pocas horas de esa entrega, la hoy diputada Carolina Piparo fue amenazada a través de mensajes en su celular, supuestamente por la persona que la había baleado años atrás en una entradera bancaria y que se encontraba en la cárcel.

Desde hace muchos años las distintas administraciones prometieron construir cárceles en la Provincia, sin que se haya cumplido con esas promesas. El resultado fue la sobrepoblación de muchos penales. Sin embargo, bajo ningún pretexto se puede explicar y menos justificar una liberación casi indiscriminada de presos.