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José Picón
jpicon@eldia.com
La oposición empieza a salir del cimbronazo de la derrota. También, a desperezarse de la siesta política que impuso la cuarentena. Hoy, esa medida oficial está siendo desafiada por una buena parte de la gente por distintos motivos que reconocen aspectos psicológicos y necesidades económicas. Y ese malhumor social comienza a transformarse en un horizonte un poco más benévolo para quienes hasta hace algunas semanas parecían no encontrar un resquicio por donde entrarle al Gobierno.
Los distintos actores de Juntos por el Cambio se han dado a la tarea de explorar la posibilidad de sintonizar con aquél hartazgo y comienzan a mostrar alguna dosis de dinamismo. Existe un empuje que llega por necesidades propias y debilidades ajenas. Entre las primeras, no quedar rezagados frente a una amplia franja social que se mantiene incólume en su rechazo al oficialismo. Hay otras cuestiones en danza. Un sondeo de opinión de la encuestadora Synopsis acaba de revelar que por primera vez desde que asumiera y de que alcanzara un pico de apoyo en el arranque de la pandemia allá por marzo, la imagen negativa de Alberto Fernández supera a la positiva. En efecto, el 43,3 por ciento de los consultados manifestó su rechazo hacia la figura presidencial contra el 40,6 por ciento que la sigue respaldando.
El combo de una cuarentena extenuante y una profunda crisis económica de características inusuales está haciendo mella en el oficialismo, pero además proyecta sombras sobre su futuro. Esa misma encuesta establece que el 55, 9 por ciento de los consultados considera que dentro de un año su situación económica será peor, mientras que sólo el 24,6 por ciento señala que mejorará. En términos electorales, a un año de las Primarias, el 47,5 por ciento de los encuestados afirma que votará por una fuerza opositora mientras que un 36,8 por ciento lo hará por el oficialismo.
Una de las irrupciones fuertes y que más ruido generó fue la del radical Ernesto Sanz. Y su reingreso pegó fuerte en la Provincia donde se metió de lleno a respaldar la candidatura del diputado Maximiliano Abad para presidir la UCR bonaerense. No sólo expresó su abierto apoyo a Abad en esa pelea en la que tiene cita con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse: también involucró en esa disputa a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. No se trató de una osadía de Sanz: Vidal también está dispuesta a salir a apuntar a la conducción radical que dejará Daniel Salvador. Hay quienes cerca de la ex mandataria se juegan un poco más en relación a ese alineamiento y hasta ponen en duda si Posse sigue dentro de Juntos por el Cambio.
“No sólo Vidal va a meter la cuchara en la interna radical bonaerense: Emilio Monzó está trabajando fuerte en la candidatura de Posse”
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Esa pelea radical cobra dimensión porque aparece contaminada por otros actores. No sólo Vidal va a meter cuchara en esa interna: Emilio Monzó, otro dirigente del PRO, está trabajando abiertamente en juntar masa crítica en favor de Posse.
Vidal y Monzó mantienen un viejo enfrentamiento que hizo eclosión hace poco más de un año cuando la entonces gobernadora marginó al monzonismo de las listas de candidatos de Juntos por el Cambio. Ahora aparecen en veredas opuesta nuevamente como respaldos extrapartidarios en la interna de la UCR. Es curioso lo de Vidal y Monzó: pese a su distanciamiento, coinciden en un aspecto casi central para el futuro del armado opositor: ambos creen, con mayor o menor énfasis, que el futuro de esa coalición debería estar lejos de un eventual liderazgo de Mauricio Macri.
Ambos abrevan en lo que se denomina el ala menos dura del PRO que lidera el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, en oposición al sector más duro que encarnan el propio Macri, Elisa Carrió y Patricia Bullrich.
Ese damero supone el otro desafío opositor en estos tiempos de volver a sacar la cabeza: cómo evitar que esa rispideces que en ocasiones se dirimen con brusquedad en las redes sociales, lleguen al límite de la ruptura.
El oficialismo bonaerense, envuelto en el debate de la cuarentena, se metió por su parte en el terreno de las sospechas. Un fallo de la Corte Suprema de la Nación que obliga a la empresa ABSA a devolver la friolera de 2.800 millones de pesos a los usuarios del servicio de agua y cloacas por un aumento de tarifas mal aplicado durante el mandato de Daniel Scioli, encendió las alarmas en la Gobernación. También dio paso a las especulaciones acerca de por qué, justo ahora, sale a la luz esa medida. Algunos funcionarios se tentaban ayer con enlazar esa decisión con el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno y que podría terminar menguando el poder del alto tribunal.
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