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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal criticó el proyecto de reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional en cuanto a la fusión de ese fuero con el Contencioso Administrativo Federal por considerar que el personal deberá atender “materias ajenas a su conocimiento”.
“La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia y para los cuales no fueron nombrados”, sostuvieron los jueces.
“La fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cual irá en seguro detrimento de los litigantes”, remarcaron los camaristas.
Los jueces Guillermo Antelo, Alfredo Gusman, Fernando Uriarte y Eduardo Gottardi dejaron asentada su opinión en una acordada que remitieron al Ministerio de Justicia, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, entre otros organismos judiciales.
El camarista Ricardo Recondo se excusó de plasmar su opinión en la acordada porque, además de integrar ese tribunal es miembro del Consejo de la Magistratura, por lo que deberá intervenir en “los concursos (de los jueces) y otras decisiones de orden administrativo propias de la competencia de ese órgano”.
El miércoles la Cámara Nacional en lo Criminal ya había expresado su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que prevé el traspaso de las causas penales que son competencia de ese tribunal al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por unanimidad los camaristas cuestionaron la iniciativa que propone seleccionar a 23 magistrados del fuero nacional en lo criminal y correccional para cubrir, como subrogantes, los juzgados a crear como duplicación de los federales y en lo penal económico existentes en esta capital. Para los camaristas la implementación de esas medidas resentirá la administración de justicia.
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