La Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró admisibles los recursos extraordinarios presentados por cuatro víctimas de la megacausa en la que se investigan las torturas y violaciones a los derechos humanos que padecieron soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas por parte de sus superiores, y la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si los hechos denunciados deben ser investigados como delitos de lesa humanidad.
Los recursos extraordinarios federales presentados por el Ministerio Público Fiscal, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia (CPM) de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la querella por las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.
El fallo lleva la firma de los magistrados Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, y contiene consideraciones del camarista Daniel Antonio Petrone, el restante integrante del tribunal que no suscribió la sentencia por encontrarse en uso de una licencia.
“Los agravios expuestos en los recursos extraordinarios federales resultan suficientes para habilitar al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho penal internacional y humanitario de investigar presuntos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene en su voto la jueza Figueroa.
En ese sentido, la magistrada remarcó que se encuentra en juego “la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables”, y apuntó que un “incumplimiento” al respecto “generaría responsabilidad ante la comunidad internacional”.
Por su parte, Petrone indicó además que los recursos extraordinarios “se encuentran legitimados”.
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