Los indultos a militares y líderes de las guerrillas

El expresidente Carlos Menem indultó en su gobierno a excomandantes de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad y jefes de organizaciones guerrilleras, con el alegado propósito de alcanzar la “pacificación y la reconciliación nacional”.

También fueron alcanzados por los decretos de indulto los militares carapintadas que se sublevaron contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín en 1987 y 1988 y el exministro de Economía del régimen cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, a pesar de que la causa por la que estaba siendo investigado no tenía sentencia firme, lo que implicó una violación a la atribución presidencial de otorgar el perdón.

En las primeros semanas de su gobierno, que se inició de forma anticipada el 8 de julio de 1989, Menem anunció su intención de alcanzar una amnistía.

Los primeros meses de 1989 estuvieron signados por la hiperinflación, los saqueos a supermercados en el final de la gestión de Alfonsín, las corridas cambiarias y el endeudamiento.

El presidente firmó cuatro decretos por los cuales les otorgó el perdón a 220 militares y 70 líderes de la guerrilla, entre ellos el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, integrantes de la junta militar que condujo al país a la Guerra de Malvinas y que recibieron una condena por el rol que cumplieron durante el conflicto con Gran Bretaña de 1982.

También resultó beneficiado el general Carlos Guillermo Suárez Mason y los carapintadas amotinados de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, entre ellos el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel Aldo Rico.

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Recuperaron así la libertad Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, jerarcas militares que integraron las juntas y que habían recibido duras condenas por violaciones a los derechos humanos en el histórico juicio de 1985.

También recibió el indulto el líder montonero Mario Eduardo Firmenich, condenado por el secuestro del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu; el general Ramón Camps, sentenciado por violaciones a los derechos humanos; y la dirigente justicialista Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos y sin condena firme.

En 1998 se reabrieron investigaciones por apropiaciones de niños llevadas a cabo en la dictadura. Videla y otros exjerarcas militares volvieron entonces a ser detenidos. Los indultos fueron deroados en 2003, junto a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.