Menem afrontó varias causas judiciales, de las que tuvo sólo dos condenas

La gestión de más 10 años de gobierno de Carlos Saúl Menem derivó en una serie de denuncias y resonantes investigaciones judiciales, aunque en la mayoría de las causas el exmandatario no llegó a recibir condenas.

La venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por la que pasó una breve temporada detenido -seis meses en la quinta de su amigo Armando Gostanián-, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero y las supuestas coimas negociadas en el plan de privatizaciones fueron otros de los problemas que se acumularon en los tribunales.

En 2018, veintitrés años después, la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, absolvió a todos los acusados argumentando que el tiempo que le llevó al poder judicial argentino resolver un caso relativamente simple, implicaba una violación a los derechos humanos de los acusados.

Menem fue absuelto en los juicios por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y por el encubrimiento por el atentado a la Amia.

Si bien tuvo muchas denuncias en su contra, Menem solo fue condenado por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural, en 1991, mientras que en el caso de la explosión de Rio Tercero aún estaba pendiente un fallo de la Corte sobre el inicio del juicio.

La explosión en la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba) en 1995, dejó siete muertos, centenares de heridos y una ciudad destruida.

Según la investigación judicial, el objetivo de la explosión fue ocultar el faltante de armas, producto del envío ilegal a Ecuador y Croacia.

Durante su gestión se generaron diversas denuncias por sobreprecios en las privatizaciones y pedidos de coimas en los procesos de licitaciones.

“Yo robo para la corona” fue la frase que en mayo de 1990 quedó en la historia atribuida al entonces jefe del bloque peronista, José Luis Manzano, que de esta forma se refirió a los pedidos de coimas que se realizaban a las empresas que buscaban ganar alguna licitación de las empresas públicas sometidas a privatización.

A fin de ese mismo año, la empresa estadounidense Swift-Armour dio a conocer que altos funcionarios del Gobierno nacional le habían pedido una coima para autorizar la instalación de una planta.

Esta situación generó la acusación de parte del embajador de Estados Unidos, Terence Todman, un diplomático de fuerte influencia en su país, y terminó en la la renuncia del cuñado del entonces presidente, Emir Yoma, y del ministro de Economía, Antonio Erman González, quien dejó el cargo a Domingo Cavallo, que hasta ese momento ejercía como canciller.

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También la jefa de ceremonial, Amira Yoma, estuvo vinculada al escándalo conocido como Yomagate, donde se denunciaba el tráfico de valija procedentes de Nueva York con dólares para el blanqueo en operaciones financieras e inmobiliarias en el país.

MAYORÍA EN LA CORTE

Menem construyó una mayoría automática en la Corte Suprema, al lograr aprobar la ley para ampliar de cinco a nueve miembros su integración. Al máximo tribunal llegaron hombres de confianza de su hermano Eduardo Menem y del jefe de la Secretaria de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy.

La Corte de la “mayoría automática” fue presidida a partir de 1993 por Julio Nazareno, un exsocio del bufete de Eduardo Menem en La Rioja, y el vice fue Eduardo Moliné O’Connor, cuñado del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, ambos desplazados en 2003.

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Tras el cambio de la composición de la Corte Suprema realizada durante el gobierno de Néstor Kirchner, Menem ya no tenía esa protección del alto tribunal y la justicia condenó al exmandatario por los sobresueldos pagados a funcionarios, por la venta del predio de Palermo de la Sociedad Rural, luego estatizado durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en tanto quedó pendiente la resolución en el caso de la explosión de Rio Tercero.