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Pablo Varela (*)
Finalmente y tal como anticipó El Economista, la nueva ley de biocombustibles fue presentada ayer y se abre un escenario de discusión legislativa que estará a cargo de la Comisión de Energía.
“Es una muy buena ley, consensuada con el sector productivo, y los legisladores de distintos espacios políticos construyendo una nueva etapa, que tomó lo mejor de la ley 26.093 para establecerla como política pública”, sostuvo Marcos Cleri, el diputado santafesino encargado de juntar los consensos por encargo de Máximo Kirchner, ante El Economista.
El proyecto presentado establece un marco normativo hasta 2030, extensible por cinco años más. La iniciativa contempla a rasgos generales la baja en los cortes, fundamentalmente de biodiesel estableciendo el piso de corte en 5%, aunque podría reducirse a 3% en caso de que la autoridad de aplicación así lo decidiese.
En cuanto al bioetanol hubo modificaciones de último momento, al elevar el corte del 10% (tal como figuraba en los borradores preliminares) al 12%. De ese total, el 6% deberá ser derivado de caña de azúcar, mientras que el 6% restante lo será de maíz (la autoridad de aplicación se reserva la posibilidad de bajarlo al 3%), con 2/3 de ese producido para empresas vinculadas a la exportación, y 1/3 vinculadas a la provisión del mercado interno.
“Es un proyecto integral, para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional”, razonó Cleri.
Sin embargo, no es esa la visión que prima entre los bloques federales que tildan al proyecto de “anti Córdoba”, y durante el día de ayer mantuvieron conversaciones con diversas cámaras empresarias y actores del sector para unificar una posición pública que saldrá a manifestarse hoy.
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Incluso, dentro del propio Frente de Todos hay sectores que todavía reclaman la prórroga (que cuenta con media sanción unánime del Senado), y analizarán que cambios se pueden incorporar durante el debate legislativo.
Algunas fuentes legislativas señalan que parte de los diputados de Juntos por el Cambio (los ligados a provincias petroleras) podrían a aportar votos, fundamentales para su media sanción.
Además de impactar en Córdoba, el nuevo proyecto podría tener su correlato negativo en la provincia de Santa Fe, en donde se produce el 80% del biocombustible del país, y la que está gobernada por Omar Perotti, aliado de la Casa Rosada.
Tal vez el aspecto más criticado sobre el proyecto es el nivel de “discrecionalidad” que se le otorga a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, hoy a cargo del camporista Darío Martínez.
El proyecto presentado ayer dividió a su vez aguas entre los actores del sector. El titular de Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), Axel Boerr, sostuvo ante este diario que los “últimos cinco secretarios de Energía incumplieron la ley” al tiempo que reclamó una mirada ambientalista para el sector. “Nosotros creemos que lo más inteligente es apoyar la prórroga para dar un debate con todos los sectores, sin dejar afuera a nadie”, sostuvo Boerr, cuya planta se emplaza en Santa Fe.
En contrapartida, otros productores de la provincia de Buenos Aires han reconocido el trabajo de Cleri en el diálogo con el sector, y creen que el proyecto presentado beneficia a las empresas pymes en relación a las grandes cerealeras que producen aceite de soja (insumo básico para el biodiesel) a muy bajo costo.
(*) Opinión publicada en eleconomista.com.ar
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