Una jueza ordenó la captura internacional de un exasesor judicial del expresidente Macri

La jueza María Servini de Cubría declaró en rebeldía y ordenó la captura internacional de Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, luego de que afirmara que se encuentra en Uruguay y no volvería al país para ser indagado, acusando una “persecución política” informaron fuentes judiciales.

La magistrada había citado a Rodríguez Simón a indagatoria para el 17 de junio, acusado de presunta “extorsión y asociación ilícita” en un expediente que investiga supuestas presiones sobre el grupo empresario Indalo.

Servini dispuso además la inhibición general de bienes y el congelamiento de todos los activos bancarios del exfuncionario, actual diputado argentino del Parlasur (Parlamento del Mercosur) por la alianza Juntos por el Cambio.

‘Pepín’ Rodríguez pidió asilo político a Uruguay, luego de haber revelado que se encuentra en ese país desde el 8 de diciembre y que no volverá a Argentina por temor a ser detenido. Pretendía ser indagado de manera virtual desde el país vecino, lo que la jueza no admitió.

“Es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación”, consideró la magistrada en su resolución.

Servini había prohibido a Rodríguez Simón salir del país pero éste ya se encontraba en Uruguay y no regresó, según fuentes judiciales. La jueza consideró que el imputado “recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021”.

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Rodríguez Simón, quien fue director de la petrolera estatal YPF, es señalado desde el oficialismo como un “operador judicial” del gobierno de Macri, por sus presuntos vínculos con jueces e integrantes de la Corte Suprema, revelados por el análisis de su teléfono por orden judicial, aseguran.

Está acusado, junto a otros exfuncionarios, de presionar a los directivos del Grupo Indalo cercanos al kirchnerismo, Cristóbal López y su socio Julián de Souza, con el propósito -denunciaron- de quitarles sus empresas, que incluían medios de comunicación, petroleras y constructoras entre otros rubros.

Además la causa investiga la quita de una concesión vial de una autopista bonaerense a otra empresa del grupo y la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos de prohibir a la petrolera Oil Combustibles -también del grupo y acusada de evadir 800 millones en impuestos- acogerse a un plan de moratoria fiscal vigente para pagar una deuda impositiva.

El impedimento a saldar la deuda convirtió a De Souza y López en evasores, por lo que estuvieron detenidos por casi dos años y la empresa fue declarada en quiebra, circunstancia que ahora está en revisión judicial.

La causa fue iniciada en marzo de 2019 y según López, en enero de 2016 se reunieron junto a Federico Miguel de Achával, uno de sus socios, con Rodríguez Simón, quien “decía representar” al entonces presidente Macri. “En esas reuniones, Rodríguez Simón les habría manifestado las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno y que en caso que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, dice el escrito, donde constan otras presuntas gestiones realizadas por el abogado.

CRÍTICAS DE CARRIÓ

Mientras, la ex diputada nacional de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, repudió el pedido de captura internacional que pesa sobre “Pepín” Rodríguez Simón: “Esa causa es muy grave, porque los denunciantes son unos ladrones”, disparó. “Yo puedo tener muchas diferencias con ‘Pepín’, pero es el tipo que le puso la cara al juego y que los hizo pagar impuestos”, aseguró al tiempo que esperaba está decisión: “Quieren un preso macrista”.