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José Picón
jpicon@eldia.com
Dos hechos influyeron para que Axel Kicillof decidiera volver a las clases presenciales y establecer mayores flexibilizaciones a diversas actividades que estaban vedadas o que funcionaban en forma parcial.
Uno de ellos tiene que ver con la necesidad política de dar respuesta a un reclamo social que se viene haciendo extensivo y que ya ni siquiera es patrimonio de las clases medias urbanas. Además, fue decisivo que el gobierno constatara que los contagios en el Gran Buenos Aires y La Plata se deslizaran en un tenue pero marcado tobogán.
En el oficialismo se reconoce que se venía verificando un planteo cada vez más extendido con formato de exigencia para el retorno a cierta normalidad en las aulas. Ya no se trata solamente de posiciones políticas ensayadas en el caso de la Provincia por intendentes de Juntos por el Cambio que le arrebataron al gobierno la bandera de la presencialidad. La cuestión remite a padres que se organizaron en distintos distritos del Conurbano para exigir el derecho a una educación para sus hijos que termine con el aspecto precario que impone la virtualidad.
Esos reclamos se hicieron visibles y públicos en diversas comunas. En La Plata, por caso, se había tornado habitual que los viernes estos grupos se concentraran a protestar frente a la Gobernación.
La necesidad de la Provincia reparó poco en las formas. Ese imperio importó más que contradecir al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, que por la mañana había afirmado que no estaban dadas las condiciones para volver a la normalidad educativa.
También quedó pedaleando en el aire Roberto Baradel, el jefe del poderoso gremio docente Suteba, que había salido horas antes del anuncio de Kicillof a disparar munición gruesa sobre el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, justamente por su decisión de avanzar con la presencialidad que terminó firmando luego el Gobernador.
Baradel y otros gremialistas de excelente sintonía con el oficialismo, recién tuvieron la confirmación oficial de la vuelta a las aulas una hora antes de la conferencia de prensa de Kicillof.
El anuncio de oficial que tiene que ver con la educación presencial también puede leerse en clave electoral. En laboratorios del oficialismo comenzaron a notar desde hace meses que existe un creciente malestar con el manejo de la pandemia y que se expresa en un fuerte rechazo a la restricciones. Y que, acaso, el plan de vacunación que ahora sí viene tomando fuerte ritmo, consiga en parte mitigar.
Parte de esos sectores sociales depositaron su esperanza en el actual oficialismo, defraudados por la gestión de Mauricio Macri. Ahora, según diversos sondeos, no sólo se muestran desencantados por la forma en que se maneja la pandemia sino también por la crisis económica.
Cerca de Kicillof se muestran convencidos de que existe la necesidad de realizar otros gestos hacia esos sectores sociales medios que van y vienen en cada elección. De ahí la idea que lanzaron algunos funcionarios de que vuelva el IFE o alguna otra compensación que ayude y vuelva a seducir a esa porción del electorado.
Ayer Kicillof afirmó que los datos de los contagios de los últimos días -en las dos semanas anteriores se redujeron a 401 casos cada 100 mil habitantes-, permiten al Conurbano salir del estado de alarma epidemiológica. Esa circunstancia es la que abrió, en términos sanitarios, la puerta de las aulas a partir del miércoles.
Pero existen las razones políticas que pesaron y que se hicieron fuertes para sostener el cambio de planes oficial. Se trata, por lo demás, de una medida que diversos sectores del propio oficialismo venían sugiriendo ante la necesidad de concretar gestos de distensión con una buena porción del electorado. También, para salir de la encerrona en que había colocado la oposición al gobierno.
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