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La crisis política obligó a aplazar los anuncios
El Gobierno tiene en gateras un paquete de medidas con el que espera generar un “shock de consumo” y revertir en noviembre la catástrofe electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Una catástrofe que el oficialismo achaca a los pesares económicos de un electorado que demanda “más plata en el bolsillo” y que la Rosada pretende paliar a través de mejoras para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) jubilatorios, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias hasta los 175.000 pesos y de la ampliación del programa Ahora 12. El paquete se sumará al ya confirmado aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y está bajo la supervisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, finalmente a salvo de los cambios de gabinete que se concretaron al cierre de la semana pasada.
Justamente la crisis política y la tensión que floreció entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tras el resultado de las PASO llevó a aplazar el anuncio de las medidas económicas previsto para el jueves. Aunque todavía no hay nueva fecha para ello, el fin de semana trascendió que sería “en las próximas horas”. Al menos así se lo hizo saber el presidente, Alberto Fernández, a los gobernadores peronistas con los que se reunió el sábado, durante un encuentro a solas en La Rioja.
En ese cónclave, que tuvo al mandatario riojano Ricardo Quintela como anfitrión y del que participaron flamantes integrantes del remozado equipo de Gobierno (entre ellos el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, como figura estelar), Fernández y gobernadores se comprometieron a que de aquí a las generales de noviembre llevarán a la práctica “más peronismo y un shock de consumo”.
Un plan que, de no tropezar con nuevas fracturas internas, comenzará mañana cuando se reúna el Consejo del Salario. Previsto para fines de septiembre y precipitado por la derrota del peronismo en las primarias, en el encuentro de mañana empresarios y Gobierno buscarán acordar un SMVyM en torno a los 32.000 pesos y un 10 por ciento adicional sobre el 35 por ciento establecido hasta acá. Se pretende de esta forma equiparar el incremento al avance de la inflación y a las paritarias del sector privado, que han cerrado subas alrededor del 45 por ciento. No obstante, en los gremios presionan por llevar el mínimo a los 45.000 pesos, que es lo que cuesta la canasta básica total.
La suba del SMVyM impacta sobre el poder adquisitivo de más de 6 millones de personas. Porque no solo define el piso para los ingresos de los trabajadores y es una referencia para el sector informal, sino que además es una base para los más de un millón de beneficiarios de planes sociales, como el Potenciar Trabajo.
Entre las medidas que se iban a anunciar el jueves y todavía esperan se mencionan también mejoras en los ingresos de jubilados, pensionados y AUH, junto a la decisión de llevar hasta los 175.000 o 180.000 pesos el piso desde el que se empieza a pagar el impuesto a las Ganancias.
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Aparece además la ampliación del programa Ahora 12. que en la actualidad incluye opciones de financiación de 3, 6, 12, 18, 24 y 30 cuotas mensuales con tarjetas de crédito, pero que ahora volvería a sumar los plásticos emitidos por supermercados, cadenas de electrodomésticos, shoppings y otros comercios. De este modo se beneficiaría a sectores medios bajos para la adquisición de una amplia gama de bienes.
Los créditos a tasa 0 para la construcción y para asalariados y refuerzos al plan de obras públicas son otras de las iniciativas que perfila el Gobierno en procura de recuperar el consumo y llevar dinero a unos bolsillos maltratados que, reflexionan en la Rosada, fueron el principal artífice del castigo en las urnas.
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