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El jefe de Gabinete, Juan Manzur, tiene cita con la Justicia el próximo lunes 28 de noviembre. Fue convocado por el fiscal federal, Guillermo Marijuán, a brindar declaración testimonial en el marco de la investigación por las irregularidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en el programa Potenciar Trabajo, que depende del ministerio de Desarrollo Social. A cargo de esa cartera está Victoria Tolosa Paz.
Sucede que de los informes de la AFIP surgió que más de 250.000 (de 1,3 millones) de beneficiarios habían comprado dólares o declarado bienes personales en los últimos meses, dos impedimentos para acceder al plan.
A Manzur, Marijuán le encomendó “acompañar la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoría del Programa Potenciar Trabajo”.
Junto al jefe de Gabinete, Marijuán citó también para el lunes al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, responsable de los dos informes que revelan “incompatibilidades” en el cobro de miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El fiscal también decidió librar oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.
Pérsico, a través de esa Secretaría de Estado, dirige el Potenciar Trabajo. El funcionario lidera a su vez el Movimiento Evita. Las sospechas, nunca disipadas, recaen sobre él por los presuntos beneficios especiales que recibiría su organización.
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Otra de las apuntadas por la Justicia es la titular del ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
El fiscal Marijuán quiere saber, por ejemplo, por qué la funcionaria anunció en conferencia de prensa que daría de baja sólo 2.243 inscriptos en el Potenciar Trabajo cuando el informe reservado que le elevó la AFIP detectó 253.184 beneficiarios que no deberían recibir esos ingresos mensuales por parte del Estado y que tiene un valor del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Según Tolosa Paz, “menos del 0,3% de los destinatarios del programa” incumplieron las condiciones y se dieron de baja.
“Hemos instruido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. Hay 2098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito de entre 100 y 50.000 dólares acumulados en 26 meses”, dijo la ministra en aquella conferencia de prensa que hoy es analizada por el fiscal.
De hecho, fue después de esos dichos que Marijuán decidió abrir la investigación preliminar para determinar si la funcionaria cometió delito al limitar solo a unos pocos casos la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que se habían inscripto o que cobraban el plan de manera irregular.
La ministra, según el fiscal, se “apartó” de lo indicado en los informes de la AFIP y eso podría juzgarse bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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