En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad. Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52.000 cuerpos sin identificar.

La situación es crítica incluso en la capital. “Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo”, lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.

Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad. “Nos sentimos muy cansados, pareciera que esto no va a tener fin”, confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y sus compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido. Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos para cotejar muestras de ADN que pueden tardar meses, dada la falta de recursos.

México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos). Los “desaparecidos y no localizados” también se dispararon de 265 en 2006 a 10.366 en 2021, para un total de 108.000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.

El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios, atribuye la mayoría de los crímenes a guerras entre delincuentes vinculados al narco.

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