Más incidentes en Perú y trabas para adelantar las elecciones

El Congreso peruano interrumpió su sesión entre incidentes cuando buscaba aprobar un adelanto de elecciones generales, a fin de calmar las violentas protestas de la última semana devenidas tras la destitución de Pedro Castillo como presidente.

El adelanto electoral planteado contemplaría una nueva votación tanto para el cargo de mandatario como para la renovación de los legisladores. Sin embargo, la votación no tuvo respaldo suficiente y la sesión se interrumpió por las discrepancias entre las bancadas de izquierdas, que piden incluir una consulta a la población sobre la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y elaborar una nueva Constitución, y el rechazo de los bloques legislativos de derecha.

El proyecto de adelanto de elecciones, una de las demandas en las protestas, tuvo 29 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones de un Congreso de 130 parlamentarios. Se ha pedido una reconsideración para volver a votar, solicitud que se atenderá cuando se reanude la sesión.

Mientras, en el interior del país, las protestas suman una jornada más y alcanzan ya la cifra de 18 muertos y 200 heridos, según informó la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

Ante el incremento de muertos, la Secretaría General de Naciones Unidas ha dado a conocer la preocupación por la situación en Perú. El secretario general, Antonio Guterres, lamenta la pérdida de vidas, según trasladó el portavoz del organismo Stephane Dujarric, y reitera su llamado a las autoridades y a todas las partes a apegarse a las leyes, así como a respetar derechos y libertades de reunión y protesta pacífica. También pidió mayor contención y calma para evitar la escalada de violencia.

La realidad a 560 kilómetros de la capital peruana es que los manifestantes tenían fogatas en las calles del centro de Huamanga, en el centro sur del país, alimentadas con desperdicios y neumáticos. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, chocaban con la policía que arrojaba bombas lacrimógenas.

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Un reportero de AP observó un incendio en el local del Poder Judicial ubicado en la plaza de armas. La policía, en grupos, estaba ubicada en algunas esquinas cercanas al centro histórico de la capital regional de Ayacucho.

Esa tensión en las calles se ha reflejado ya en las primeras renuncias en el gobierno de Dina Boluarte. La ministra de Educación, Patricia Correa, renunció a su cargo alegando que “la muerte de connacionales no tiene justificación alguna”. Reprochó que “la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”. Más tarde, también dimitió el ministro de Cultura, Jair Pérez Bráñez.

Boluarte anunció que viajará a las regiones del interior del país para escuchar las demandas de la población. “Todos estos esfuerzos, con un claro objetivo: la paz social en el país”, indicó la presidenta desde la Escuela Militar de Chorrillos, en donde participó de la ceremonia de graduación de 270 nuevos oficiales del Ejército.

Las movilizaciones han afectado también al comercio y al turismo, tras los reclamos de decenas de extranjeros que están bloqueados en zonas de visita por los bloqueos a las carreteras y a los servicios de transporte.

El ministerio de Transportes anunció que el aeropuerto del Cusco, en el sur peruano, reiniciaba sus operaciones.

Las ministras de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, y de Ambiente Albina Ruiz, partieron a la región Madre de Dios, en la selva peruana, con 10 toneladas de sulfato de aluminio, un insumo necesario para el tratamiento de agua potable. Al salir, comentaron que cada ministro tiene una región asignada para atender y que se harán vuelos humanitarios con aviones de las Fuerzas Armadas para el traslado de turistas varados y de personas enfermas.

“Por cuestiones de vuelo técnico tenemos que parar en ciertas localidades y lo que estamos haciendo es empadronar tanto a los enfermos y a los turistas que están varados”, explicó Pérez de Cuéllar a la prensa, recalcando que es un trabajo coordinado del ejecutivo.

El destituido Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva 18 meses, tal y como pedía la Fiscalía, por la decisión de un juez tomada el jueves ante el riesgo de fuga. En la audiencia y la decisión judicial se tuvo en cuenta la intención del exmandatario peruano y la respuesta positiva de México a la hora de acceder al asilo político.

Castillo enfrenta cargos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, a raíz de su intento de disolver el Congreso el miércoles de la semana pasada, justo antes de la votación que estaba prevista en el Legislativo para su destitución. Tras el anuncio, fue finalmente destituido, también detenido y reemplazado por Dina Boluarte al frente del país. (AP)