Denuncian a Alberto Fernández y otros funcionarios por desobedecer el fallo de la Corte

El presidente Alberto Fernández ya tiene dos denuncias penales en su contra por haber anunciado que no acataría el fallo de la Corte Suprema de Justicia de reintegrarle al 2,95% los fondos coparticipables en lugar de lo que actualmente le gira, decisión que el Gobierno nacional tomó en 2020.

Las presentaciones fueron realizadas por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, y la otra por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos.

Las denuncias alcanzan a los ministros y también al gobernador Jorge Capitanich y antes que fueran formuladas se argumentó que estaban incurriendo en los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".

Carrió y referentes de su espacio advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr".

Legisladores radicales también anticiparon que recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento". "Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.

"En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Wado De Pedro)", concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es "el segundo día de desacato".

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Otros cuatro gobernadores se alinearon contra el fallo de la Corte

Por su parte, los legisladores de Republicanos Unidos Yamil Santoro y Roberto García Moritán consideraron que "la decisión del presidente pretende dar una apariencia de legitimidad al grave delito de sedición", y denunciaron al mandatario dado que consideran que "se alzó de manera pública contra el Poder Judicial argentino, para impedir el cumplimiento de una decisión de dicho poder, al negarse a obedecer una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Para los legisladores, Fernández "pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos".