Alberto Fernández anunció que denunciará a jueces y empresarios

El presidente, Alberto Fernández, sorprendió ayer al anunciar por cadena nacional que pedirá investigar penalmente a jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que en octubre habrían viajado en avión privado a la estancia del magnate inglés (y amigo personal de Mauricio Macri) Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Durante el mensaje, de poco más de 6 minutos, el mandatario apeló a términos como los de “promiscuidad antirrepublicana”, a la par que advirtió sobre un “perverso juego de cohechos” entre los involucrados que podrían haber incurrido en delitos tales “como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El mandatario utilizó la cadena estatal horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad contra Cristina Kirchner y poco después de que medios filtraran chats privados entre quienes que abordaron el avión hasta la estancia de Lewis: Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea de teléfono hackeada-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Alberto Fernández anunció que denunciará a jueces y empresarios

También aparecen en las conversaciones el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO de ese multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se deduce de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y fianciado el costo del vuelo privado, junto con la estadía posterior en Lago Escondido.

Entre todos habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa de los hechos para justificar el vuelo, lo que incluía planificar un relato unificado para instalar en ciertos medios y evitar que prospere una eventual denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo), previsto en el artículo 259 del Código Penal.

Sin mencionar a ninguno de los involucrados, el Presidente contó ayer que “algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido” y que “allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”.

Según Fernández, “parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Pero los apuntados “contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina (aludiendo Clarín) garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”.

Institucionalidad

Para el jefe de Estado, “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”.

El Presidente admitió que los mensajes que trascendieron fueron producto de un hackeo, “pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes” y que “ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en esa aplicación digital buscando quedar impunes”.

Fernández, que justificó el uso de la cadena nacional “porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”, pidió “tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.

Y, tras reclamar un “Nunca Más” para las prácticas “que dañan la institucionalidad de la República”, anunció que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, “en especial, lo relacionado a su financiamiento”. También dijo que solicitará en el Consejo de la Magistratura la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales, mientras que a los legisladores porteños del Frente de Todos evaluarán “la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, impulsar el Juicio Político contra esos funcionarios”. Puntualmente se refería a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, el jefe de los fiscales porteños.

Por último, el Presidente aprovechó el escándalo para enviarle un mensaje al Congreso y reclamar por el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.