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Información General |PESE A LOS VAIVENES DIPLOMÁTICOS

El reclamo por las Islas se convirtió en política de Estado

2 de Abril de 2022 | 02:31
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El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, a 40 años de la guerra, constituye el punto más sensible y permanente de la política exterior argentina, no solo por la profunda dimensión simbólica que tiene para el conjunto de los argentinos, sino también por la importancia geopolítica, económica y estratégica del archipiélago que el Reino Unido controla desde 1833.

La apelación a una resolución pacífica y diplomática a la disputa se configuró como una de las irrenunciables políticas de Estado desde la restauración democrática de 1983.

PUNTO DE PARTIDA

Raúl Alfonsín retomó la histórica reivindicación por las vías diplomáticas, y de la mano de su canciller Dante Caputo, recurrió a la ONU.

Caputo logró sumar votos contra el colonialismo británico, por ejemplo, desde el grupo de los llamados Países No Alineados, en medio de una Guerra Fría todavía vigente entre EE UU y sus aliados y la Unión Soviética y sus satélites.

La llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada (1989-1999), en el contexto del fin de la guerra fría y el auge global del Consenso de Washington, inició una nueva etapa de la política exterior, ensayando en la Cuestión Malvinas un “política de acercamiento” con Reino Unido, con eje en la cooperación.

Con todo, en 1994, la Convención Constituyente puso en la letra de la ley suprema argentina el reclamo por las islas y que éstas debían ser recuperadas de modo pacífico.

El restablecimiento de relaciones bilaterales se producirá a través de los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990 bajo fórmula del paraguas de soberanía.

Se creó la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para la Conservación de Recursos Pesqueros. Sin embargo, Londres promovió acciones unilaterales.

En 2000, durante el Gobierno de Fernando De la Rúa, a partir de las acciones unilaterales británicas, Argentina dejó de participar en la Comisión de Hidrocarburos. En tanto, el gobierno de Duhalde, sumergido en la profunda crisis argentina del año 2001, no realizó sustantivas modificaciones en la agenda Malvinas.

Con la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) comenzó otra etapa en la política exterior, que tuvo su continuidad bajo el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015). Así, se revisaron los entendimientos que favorecían la posición británica en el Atlántico Sur.

En 2003, Argentina dejó de autorizar los vuelos chárter, que se analizaban caso por caso, ya que no formaban parte del acuerdo de 1999 y propuso la constitución de un nuevo acuerdo, sobre un segundo vuelo, entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, a través de la aerolínea de bandera.

CARTAS DE PROTESTA

En 2005, en relación a los recursos pesquersos, Argentina envió 15 notas de protesta al Reino Unido, a la vez, que propuso una agenda de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Reino Unido rechazó ese proyecto. Y en 2007 dio por finalizado el entendimiento de hidrocarburos de 1995.

La asunción de Mauricio Macri en 2015 volvió a volcar el péndulo de la política exterior del país hacia un alineamiento con EE UU y, en ese marco, Argentina mostró un nuevo acercamiento al Reino Unido, ya con el proceso del Brexit en marcha. En 2016 nace el llamado “Acuerdo Foradori-Duncan”, un comunicado firmado por los vicecancilleres de Argentina y Reino Unido.

Analistas cuestionaron el hecho de que en ese documento no se mencionaron las resoluciones 2065, ni la resolución 31/49 -que prohíbe los actos unilaterales-, como tampoco la ilegítima base militar británica en Malvinas, una zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.

La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia en 2019 significó el retorno de una política exterior multipolar. Se reflotó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y buscó apoyos al reclamo argentino en foros y organismos.

El Congreso convirtió en ley tres proyectos tendientes a resguardar a Malvinas como política de Estado: la constitución del Consejo Malvinas, la ratificación de los límites de la plataforma continental y una norma vinculada a la defensa de los recursos pesqueros.

 

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