En las últimas horas, se realizaron dos allanamientos en domicilios de La Plata en las viviendas particulares de aparentemente dos contadores del equipo técnico encabeza por el exjuez federal Héctor Yrimia, uno de los más de 20 imputados en la causa por presuntas estafas y asociación ilícita.

En estos procedimientos logró el secuestro de 35.000 dólares estadounidenses e importante documentación para la investigación.

Por otro lado, ayer la Justicia de la ciudad cordobesa de Villa María ordenó allanamientos en oficinas de la concesionaria de automóviles L’Express, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, y también emitió un pedido de detención del contador Miguel Echegaray, en el marco de la investigación por estafas a ahorristas mediante el denominado sistema piramidal o esquema ponzi.

Mientras tanto, el principal responsable de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, continúa con prisión preventiva y se encuentra alojado en el penal de Bouwer, en Córdoba, luego de ser detenido por Interpol el 4 de abril último en República Dominicana, tras permanecer prófugo 43 días.

El 18 de febrero último, la fiscal Companys había resuelto librar varias órdenes de detenciones por los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”, denunciados por numerosos ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones en Generación Zoe, donde habían confiado pesos y dólares a cambio del pago de intereses mensuales que prácticamente triplicaban los que se ofrecían en el mercado financiero formal.

La causa que lleva Companys tiene una veintena de imputados y detenidos, que involucran oficinas de Zoe en Villa María, y en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, en tanto los casos de estafas son cerca de 200 y un centenar de damnificados, mientras que los montos involucrados aún no se precisaron.

Allí la fiscal informó 176 casos de estafas y asociación ilícita y, además, aseguró que en su fiscalía cuenta con 94 damnificados.

El pasado jueves Cositorto y otros cuatro miembros de esa organización también fueron imputado con prisión preventiva por la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la provincia de Salta por más de 60 hechos denunciados que, en principio, involucran a cerca de $ 4 millones y USD 228.500.

También en la ciudad correntina de Goya se lo imputó por los mismos delitos que hasta el momento involucra a unos 85 ahorristas damnificados, en tanto otras causas se encuentran radicadas en la Justicia porteña.