Sin acuerdo con la oposición, el oficialismo va por la Corte de 25

El kirchnerismo sigue intentando avanzar sobre la Justicia: ingresó al Senado el proyecto de ley promovido por los gobernadores peronistas para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. Sin mencionar que la nueva composición debería garantizar la equidad de género y respetar el federalismo, tal como habían argumentado los mandatarios provinciales al efectuar el anuncio, la iniciativa parece más un intento por condicionar, por ejemplo, a un máximo tribunal que en breve debería definir si da curso al amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para frenar el recorte en la Coparticipación que le ejecuta la Nación desde septiembre de 2020.

La reforma había sido anunciada hace 15 días por casi todos los gobernadores del PJ -ausentes el de Córdoba, Juan Schiaretti, y el de Santa Fe, Omar Perotti- en Casa Rosada luego de una reunión con Alberto Fernández con quien, en teoría, habían consensuado los alcances de la misma. Pero en las últimas horas el jefe de Estado pareció haberse despegado de la enmienda. “Es una idea de los gobernadores”, sentenció a su círculo íntimo.

Contando votos

Es que si bien el proyecto lograría la media sanción en la Cámara alta, donde el oficialismo llegaría a los 37 votos necesarios con el acompañamiento de tres legisladores aliados, en Diputados su recorrido es incierto: Roberto Lavagna, que suele incidir en el interbloque del peronismo federal (ocho miembros), ya anticipó su rechazo a “esta extraña idea de provincializar la justicia en sus más altos niveles”.

El radical Mario Negri fue más contundente ayer al avizorar un fracaso de la intentona oficial: “En Diputados daremos batalla. Y si este mamarracho fuera aprobado sería una ley abstracta porque la Constitución exige dos tercios del Senado para designar a cada nuevo juez de la Corte”, recordó.

Lo cierto es que la iniciativa presentada durante la víspera con la firma de José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, presidente y vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos y de estrecho vínculo con Cristina Kirchner, nada dice sobre que cada una de las 24 provincias aportará un integrante del máximo tribunal y que se deberá respetar el cupo de género. Sí prevé que “una ley especial determinará el modo de organización” del máximo tribunal.

Tampoco pide la remoción de los cuatro actuales jueces: Horacio Rossatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz y desliza que para completar la composición propuesta, se deberían designar 21 nuevos integrantes conforme a lo que determina la Constitución.

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Sin dudas el trasfondo de esta iniciativa es el enfrentamiento del Gobierno, y del kirchnerismo en particular, con los cuatro ministros de la Corte. Por un lado, amenazan con licuar su poder ampliando la integración del cuerpo y por otro, envían una advertencia en momentos en que trasciende en pasillos tribunalicios un posible fallo que devuelva los fondos coparticipables a CABA. Lógicamente, las provincias están en contra de que el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta haga uso de recursos que pactaron repartirse con la Casa Rosada para mejorar la seguridad y la infraestructura hospitalaria.

El encono de Cristina contra los ministros de la Corte guarda relación con su agenda judicial. No olvida que en 2020 rechazaron revisar un recurso extraordinario planteado por la defensa de Amado Boudou que, en los hechos, terminó confirmando la condena por corrupción contra el ex vicepresidente. Y justamente es el máximo tribunal el que debe decidir sobre varias apelaciones presentadas por el patrocinador de la Vice, el penalista Carlos Beraldi, titular de aquella comisión que armó el Gobierno para una reforma judicial que, vaya paradoja, no propuso ampliar el números de jueces de la Corte.

La ex mandataria está convencida que es víctima de lawfare (persecución judicial) y que por ello ha tenido que desfilar por los tribunales durante los años del macrismo en el poder.

Por ello ha promovido la discusión de la eventual ampliación de la Corte en la comisión de Asuntos Constitucionales: en uno de esos debates el jurista Eugenio Zafaronni pidió subir la composición del cuerpo a 24 miembros y dividirlo en salas. Una enmienda muy parecida a la impulsada por los mandatarios provinciales.

En sus considerandos, el nuevo proyecto argumenta que la ampliación evitaría la recurrente demora en la tramitación de los expedientes pero se da de bruces con lo planteado por el juez Rossati cuando sostuvo que una mayor cantidad de magistrados, por la propia dinámica de lectura y análisis de las causas, no haría más que retrasar la resolución de las mismas.

Otro intento más

La reforma, de todos modos, parece de difícil concreción para un gobierno que no pudo nombrar al Procurador propuesto por el Presidente –Daniel Rafecas- ni reemplazar a Elena Higton de Nolasco, la jurista que renunció a su cargo en octubre pasado.

En medio de la creciente polarización, parece improbable un acuerdo político con la oposición que garantice al oficialismo la designación de una veintena de altos magistrados. Tamaña reforma institucional, además, requeriría consensos pocas veces logrados desde la vuelta de la Democracia.