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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
En su trabajo constante de desgaste de la figura presidencial o, lo que es igual, de despegue personal del rumbo errático para manejar la economía que muestra la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner avanzó el lunes un paso más allá de la crítica a los “funcionarios que no funcionan”: directamente salió a fulminar a los movimientos sociales que respaldan al Presidente. Que son uno de los soportes políticos que le garantizan a Fernández una cierta paz social en tiempos complicados, la administración del control “de la calle” que suele ser una obsesión del peronismo. El otro soporte lo configuran los gremios enrolados en la Confederación General del Trabajo (CGT), que vienen suavizando protestas frente a la mella que le hace al salario la alta inflación.
La Vicepresidenta, en efecto, criticó la tercerización de los planes en las organizaciones sociales en desmedro del monopolio en el reparto de los mismos que, a su criterio, debería ejercer el Estado y afirmó que entregar esa ayuda “no es peronismo”. E ironizó: “Si Evita los viera, mamita...”.
Cuando asumió, Fernández tomó una decisión estratégica: incorporó a su gobierno a los movimientos sociales, antes llamados piqueteros. Literalmente. Nombró a sus principales dirigentes como funcionarios nacionales del área y los puso a administrar los planes sociales. O sea, los ubicó de los dos lados del mostrador. Los hizo parte del “albertismo”, esa corriente que sólo ve el puñado de sus leales, administrando fondos millonarios.
Un ejemplo de esto último: el principal programa que supone una contraprestación laboral es el Potenciar Trabajo, que tiene un padrón de 1.200.000 beneficiarios. Lo administra el ministerio de Desarrollo Social a través de una secretaría que dirige el líder del Movimiento Evita, el peronista Emilio Pérsico. En dinero, representa una partida anual de 227.000 millones de pesos.
Son uno de los soportes políticos que le garantizan a Fernández una cierta paz social
Otro líder del Evita, Fernando Navarro, reviste funciones en la jefatura de Gabinete y la gente de Barrios de Pie, con Daniel Menéndez a la cabeza, y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) también ocupa funciones en Desarrollo Social.
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La verdad es que el avance de estos expiqueteros en el gobierno detonó una pelea de poder que venía de antes y que se ha expresado en forma de “pequeñas guerras” en los barrios carenciados: éstos dirigentes están enfrentados a La Cámpora, la agrupación cristinista liderada por Máximo Kirchner, que también tiene un trabajo territorial ambicioso y que, obviamente, no responde a Fernández. Lo que los ubica en bandos distintos en la división que se vive hoy en el oficialismo.
Los camporistas y demás expresiones políticas que obedecen a la Vicepresidenta, no obstante, manejan el 70 por ciento de las llamadas “cajas” de la política nacional, como el Pami, la Anses, YPF, y demás. Casi no han podido meter la cuchara en Desarrollo, donde mandan los citados movimientos sociales en alianza con un puñadito de intendentes del Conurbano. Los que se referencian en Alberto, que en verdad no son la mayoría. Así y todo, en la cartera de Juan Zabaleta La Cámpora maneja la secretaría de Inclusión, a través de Laura Alonso, cuya misión es repartir la Tarjeta Alimentar. Este programa representa 240.000 millones anuales, pero no se ve el efectivo porque los fondos se cargan al plástico y sólo se pueden usar para comida.
El Movimiento Evita se dio por aludido por los dichos de Cristina y realizó una reunión de urgencia de la que salió un documento en el que se insta a armar un espacio político, se supone que para ponerlo al servicio de Alberto en una eventual contienda electoral futura. Incluso contra su Vice. La verborragia de CFK acaso haya acelerado algo que se venía planeando hace rato en ese lado del oficialismo.
El Evita integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con otras organizaciones no tan alineadas con el Presidente. Allí, sin embargo, tampoco habrían caído bien los dichos de Cristina porque fueron leídos como una simplificación de la tarea laboral que se desarrolla en las barriadas, muchas veces en forma de cooperativas o pequeñísimos cuentapropistas.
Tal vez el más duro, en términos de la virulencia de la respuesta, haya sido Luis D’Elía, que supo ser nestorista primero y cristinista después, hoy absolutamente alineado con Alberto. El extitular de la Federación de Tierras y Viviendas dijo que la vice le “declaró la guerra” al piqueterismo, sin especificar cómo seguirá ese conflicto.
Por otro andarivel a todos los antes mencionados transita el sector piquetero más duro, integrado por trabajadores de la economía informal y dirigentes de la izquierda trotskista. Es el más enemistado con la Casa Rosada. Se identifican como Unidad Piquetera y son los que han armado un plan de lucha que incluyó una gran marcha nacional y acampes en la Avenida 9 de Julio. La cara más visible es el barbado dirigente Eduardo Belliboni. Básicamente, reclaman que se abran más cupos para el plan Potenciar Trabajo, lo que los pone en tensión extrema con el Gobierno que tomó la decisión política de no habilitar ni un beneficio más de ese tipo. Beneficios que, por cierto, ellos también administran y que deben negociar con sus “colegas” oficialistas del Evita.
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