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La situación no es novedosa: inspecciones realizadas en los últimos días en distintas terminales de ómnibus de la Provincia –entre ellas la de La Plata- detectaron excesos de horarios en las jornadas de trabajo de los choferes, entre otras infracciones que pudieron comprobarse.
Está claro que las características de las infracciones detectadas hablan de una estrecha relación con la seguridad vial y los eventuales incidentes en las rutas.
Corresponde aquí recordar que en operativos realizados en años anteriores se vinieron comprobando diversas infracciones, como falta de licencia de conducir de los choferes, falta de habilitación del vehículo, falta de revisiones técnicas periódicas y no contar con listas de pasajeros que se correspondían con las personas que viajaban en esas unidades, además de excesos en los horarios de trabajo.
Ahora, tal como se informó ayer en este diario, las recientes verificaciones del ministerio de Transporte provincial se realizaron entre los días 22 y 27 de diciembre pasados en las terminales de los municipios de La Plata, General Pueyrredón, Partido de la Costa, Tigre, Tandil y Morón.
En esas oportunidades, el exceso en los horarios laborales –consistente también en no cumplirse con la norma que exige 12 horas de descanso entre jornadas de manejo- y la ausencia de francos obligatorios fueron las faltas más detectadas.
La tarea del cuerpo de inspectores abarcó a un total de 722 choferes, determinándose que el no cumplimiento de varios requisitos legales alcanzó a casi un 20 por ciento de los choferes.
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En la práctica, esto significa que unos 140 conductores no se encontraban en condiciones de estar a cargo del volante y, desde luego que menos, de la integridad física de miles de pasajeros. De no haber sido apartados temporalmente por las inspecciones, hubieran manejado en esas condiciones.
No puede dejar de señalarse que los conductores particulares están, desde luego, comprometidos a cumplir con las exigencias de la ley del tránsito, en una situación que, por la profesionalidad de su tarea –por la gran cantidad de pasajeros que trasladan y otras circunstancias propias del servicio- obliga muy especialmente a los choferes profesionales, entre estos también a los conductores de transportes de carga.
Se está ahora, una vez más, ante una constatación objetiva que no hace más que acentuar preocupaciones y que obliga a subrayar la necesidad de que la supervisión en la materia sea permanente y severa.
Lo que se requiere, entonces, es que los organismos con incumbencia no se limiten a actuar por reacción, sólo cuando se producen grandes tragedias en las rutas o efectuando controles masivos únicamente en períodos de mayor movimiento turístico.
La política a seguir, en cambio, debe ser continuada y exhaustiva a lo largo de todo el año, ordenando especialmente a las empresas que cuentan con choferes profesionales para que sean ellas las primeras en cumplir y hacer cumplir cabalmente con las leyes y reglamentaciones. Y que se apliquen, llegado el caso, las sanciones administrativas y, eventualmente, judiciales más graves, sobre todo a quienes se resisten a obedecer normas que buscan preservar la vida, la integridad física y los bienes de miles de personas.
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