La nueva búsqueda del no peronismo de controlar la calle

Detrás del protocolo anti-piquetes anunciado por la ministra Patricia Bullrich anida una obsesión eterna del no peronismo: el control de la calle. El gobierno de Javier Milei asumió con un supuesto inevitable como carga: el ajuste anunciado ya desde la campaña vaticina un sinfín de piquetes y cortes de calle, en especial en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, caja de resonancia nacional.

Pero con una diferencia respecto a la gestión que se acaba de ir: durante los últimos cuatro años de kirchnerismo/cristinismo/massismo la alteración callejera giró en tono a agrupaciones sociales de perfil trostkista, o un poco más moderadas, pero siempre vinculadas a ese extremo del arco ideológico. El piqueterismo de raíz peronista de izquierda -Movimiento Evita, Barrios de Pie, Grabois, etc- fue parte del gobierno de Alberto Fernández, en base a ese rulo raro de estar en los dos lados del mostrador: cobro el plan, doy el plan.

Ahora todo ese esquema estará en la calle oponiéndose al ajuste que ya empezó a llevar a cabo Milei, quien además propone eliminar la intermediación de punteros y gerentes de la pobreza. O sea: “Chau” a los Pérsicos, los Menéndez, los Belliboni. Se verá si al presidente le da la espalda política para hacer esa pequeña revolución de la asistencia social o termina negociando sólo una moderación de las obscenas formas que se han visto en los últimos cuatro años.

Bullrich empezó a implementar ayer una de las razones por las cuales Milei la invitó a sumarse al gabinete, un convite que fue -se recuerda- sin la venia de Mauricio Macri: dureza para que la protesta organizada no le gane la calle. Porque en política perder la calle es sinónimo de debilidad. “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, explicó la ministra, casi como si fuera un comisario. Actuarán las cuatro fuerzas de Seguridad, avisó. Se sabe que no son nenes de pecho ni los gendarmes ni los prefectos ni los policías federales.

Traducción de ese mensaje: no es que no se pueda protestar sino que no se va a permitir el corte total de la circulación. El oficialismo cree que ese es uno de los mandatos que arrojaron las urnas.

Sería una protesta “naif” que nunca se pudo hacer en Argentina desde 2001 para acá. Ni siquiera pudo conseguirla Bullrich cuando fue ministra de Macri, entre 2015 y 2019. Explican ahora cerca suyo: aquella vez no la dejaron por la excesiva moderación que le vendieron a Mauricio asesores como Jaime Durán Barba o Marcos Peña. Se supone que Milei ahora le prometió lo contrario a Patricia: respaldo total aún si la tele arroja imágenes de policías reprimiendo. A prior, “represión” de la protesta social -leída en el marco de la premisa fundacional de este gobierno de respetar el “orden público”- no sería una palabra que genere temores en el mileismo. Está por verse.

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Bullrich pidió que también se sumen las provincias a la estrategia de “encauzar” la protesta. Sobre todo por los posibles cortes de ruta, un panorama que se da por hecho en la Rosada. El Presidente no cuenta con ningún gobernador de su palo. Una decena de nuevos mandatarios entraron como representantes de Juntos por el Cambio, una fuerza hoy en repliegue, partida. No queda claro si esos nuevos caciques provinciales abonan la lógica de la dureza total.

Pero de entre todo el grupo de gobernadores cambiemistas hay cierta mirada puesta en el porteño Jorge Macri, cuya fuerza de seguridad local debería plegarse a los operativos para no permitir que la emblemática Avenida 9 de Julio sea un campamento diario. O que la sede del ministerio de Trabajo nacional, en Leandro N. Alem, sea un cuello de botella para el tránsito.

Hasta ahora Macri se ha mostrado en línea con la idea de garantizar la circulación. Anota Bullrich: su antecesor, Rodríguez Larreta, siempre temió excesos de la represión de la protesta, una de sus diferencias históricas con Patricia.

En un país con miles y miles de piquetes por año, la lógica que guía la estrategia de Milei-Bullrich para enfrentar el tema es la siguiente: “El piquete total es extorsión”. Lo explican fuentes del ministerio de Seguridad. Por supuesto que es debatible, pero el desafío de Milei es que esa premisa sea “comprada” por la gente que no piquetea pero que, indefectiblemente, tendrá meses de penurias, enojos y rabietas por los aumentos en los servicios públicos y los alimentos.

¿Y si, por ejemplo, la clase media trabajadora empieza a cortar calles porteñas en desacuerdo con los aumentos de luz porque, como suele suceder, en el verano se corta todo el tiempo la energía? Sin gerentes de la pobreza en el medio, ese escenario interpelaría a Milei y lo pondría ante el desafío de optar o no por la doble vara. Final abierto.