Cuáles son los cambios económicos más fuertes que propone el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei quiere que se discuta desde el 25 de enero, en extraordinarias, el proyecto de ley ómnibus que tiene por objetivo reformar profundamente el Estado. Es una normativa que complementa el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 publicado el pasado miércoles 20 de diciembre. El documento presentado por el Gobierno propone instrumentar una serie de cambios que impactarán en la economía y generó críticas desde distintos ámbitos.

El proyecto cuenta con más de 300 páginas, con cambios relacionados a la economía nacional. Entre los puntos principales se encuentra la liberación de precios en los combustibles, la eliminación de la fórmula de la ley de movilidad para los jubilados nacionales, la eliminación de la franquicia de U$S500 para ingresar bienes del exterior para consumo personal.

Las principales medidas económicas que el Gobierno incluye también tarifas e importaciones, entre otros.

Con respecto a la toma de deuda, el Gobierno propone en uno de los considerandos del proyecto la derogación de un artículo de la “ley Guzmán” que obliga al Ejecutivo a pedir permiso al Congreso para tomar deuda externa. Apunta a limitar la capacidad de endeudamiento en moneda extranjera sin autorización parlamentaria previa.

En combustibles el proyecto contempla que el Estado no podrá intervenir ni fijar los precios de la nafta y el gasoil. En el caso de las firmas estatales podrán vender únicamente a valores similares a los internacionales.

Para las tarifas de luz y gas apunta liberar los precios de la energía. Así, se prevé un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. Se crea un solo ente regulador, con la fusión del ENRE y el Enargas. Además, apunta a acelerar inversiones y fomentar el desarrollo de infraestructura privada.

En cuanto a las jubilaciones, busca suspender la fórmula de movilidad previsional que actualiza los haberes de jubilados, pensionados y beneficios de la Anses de forma trimestral. De forma provisoria, se reemplaza por aumentos definidos por decreto y remarca que los incrementos deben atender a los titulares de menores ingresos. Ayer ratificó el bono de $55 mil (ver pág. 5).

También para los fondos de la Anses prevén que todos los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) formen parte del patrimonio del Tesoro Nacional. Por medio de este fondo también se otorgan préstamos a provincias y a los beneficiarios del sistema previsional.

Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado

Sin dudas, el capítulo más abarcativo para el agro fue el de los derechos de exportación, donde se impulsó la suba de la alícuota al 15% en gran parte de los complejos granarios y de carnes, mientras que la vitivinicultura y el aceite de limón pasaría a tributar un 8% y la harina y aceite de soja un 33%. De estos aumentos, quedan exentos una veintena de producciones de las economías regionales.

En cuanto al ingreso de bienes del exterior para consumo personal se encuentra la eliminación la franquicia de U$S 500 para traer bienes de consumo personal que no estará gravada por ningún impuesto. En caso de superar dicho monto, se debe abonar una tasa del 50%.

En el impuesto a los Bienes Personales, el documento plantea la implementación de un nuevo régimen y una reducción gradual de las tasas aplicables hasta llegar a una alícuota única de 0,5% en 2027.

Para los pasajes de micro y avión, se anula la posibilidad de que la Secretaría de Turismo de la Nación fije las tarifas y precios de los servicios que se prestan al turismo social y recreativo en las unidades turísticas a su cargo.

En el capítulo sobre blanqueo de capitales, dentro del proyecto de Ley Ómnibus está incluido para activos dentro de Argentina y en el exterior. Se dividirá en tres etapas durante marzo, agosto y noviembre. En estos periodos la tasa irá de 5 a 15%. En cualquiera de las tres etapas para los montos que se regularicen por hasta U$S100.000 no habrá penalidades.

El blanqueo laboral contempla un programa de incentivo al blanqueo de trabajadores. Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas antes de la fecha de promulgación de la ley. Según el Gobierno, accederán a una serie de beneficios, como la condonación de deuda, multas y sanciones.

CRÍTICAS

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, calificó la iniciativa de la “ley ómnibus”, presentada por el Gobierno ante el Congreso, como “un proyecto unitario, antifederal y antiderechos”, y advirtió que con esta norma se pretende “traspasar la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que puso a la entidad sindical “en estado de alerta y movilización”.

En tanto, el ex titular del Banco Central Martín Redrado puso en duda la efectividad de las medidas anunciadas. “A la Ley Ómnibus le falta un horizonte claro para plantear el crecimiento y el desarrollo”. Y puntualizó que “sobre el sector privado los sectores productivos tienen como principal preocupación la deuda que tienen con el exterior. Hay 25 mil millones de dólares que no se han pagado y eso no permite la restitución de la cadena de producción”.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) emitió un comunicado al ser conocido el nuevo esquema de retenciones en el cual expresó “su profunda preocupación y rechazo a la Sección VI (Derechos de Exportación)” y reiteró “que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el gobierno”.

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