Fiscales piden frenar el descontrol con los jefes narcos en las cárceles

Con fuertes críticas al Servicio Penitenciario por no adoptar las medidas requeridas hace más de un año por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la fiscalía especializada difundió un nuevo documento, según el cual se necesita tener un área de inteligencia criminal dentro de los penitenciarios. También sugiere que no se debe descartar la posible connivencia en los delitos del personal que se desempeña en las cárceles.

El informe viene a motivo, tras los nuevos hechos sucedidos en la ciudad de Rosario, frente a las denuncias que siguen involucrando a peligrosos jefes de bandas de narcos por el control desde allí del “negocio” de la droga, a través de los celulares.

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En realidad, fue la Procuración General de la Nación -a cargo de Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo quiso, y no pudo, desplazar desde el primer día de la asunción del presidente Alberto Fernández- quien le pidió al Gobierno nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el millonario negocio y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó ya en muchas investigaciones judiciales. Sobre todo en crímenes perpetrados en Rosario.

En ese sentido, le reenvío en un documento una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios. Creen que la mayoría no se cumplieron.

El pedido fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal —a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, ambos kirchneristas— en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.

De acuerdo al informe de los fiscales, las personas que se encontraban privadas de su libertad y ocuparon eslabones jerárquicos en organizaciones o grupos narcocriminales complejos, “con gran influencia territorial, continuaron comunicándose con individuos extra muros, quienes ejecutaron bajo sus directivas, diferentes maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y otros delitos vinculados”.

Por un lado, la Procuración solicitó que los líderes narcos presos “no tengan contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado”.

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También se requirió un control estricto de las comunicaciones telefónicas que pudiera mantener la persona detenida “a través del teléfono de línea fija que resulta de acceso público para la población penitenciaria y de otros medios de comunicación habilitados”.

El nuevo informe actual considera que ha tenido una respuesta “disímil por parte de los magistrados, quienes son los que deben ordenarlas en cada caso concreto adopción de todas las medidas solicitadas -que van desde mayores controles en las requisas, colocación de inhibidores de celulares, la prohibición de contar con dispositivos electrónicos, entre otros requerimientos-.”

La Procuraduría, siempre según el informe conocido ayer, señaló que, tal como ya había sido pedido por la Mesa de Trabajo desde 2021, prevalece la “urgencia y necesidad de adoptar criterios de perfilamiento de detenidos y que los establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal cuenten con bloqueadores e inhibidores de frecuencia”.

“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medidas”, reclamó la nota tras la reunión de los fiscales.

“Así se debe evitar -agregaron- los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal”.

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