Gendarmes ya patrullan en el barrio rosarino amenazado por narcos

El gobierno Alberto Fernández desplegó los primeros refuerzos federales para combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario, en reacción a recientes episodios de violencia, como la amenaza a la familia política de Lionel Messi y que se cobraron la vida de un niño en un tiroteo.

“Todos sabemos lo que sucede, es imperioso que lleguemos hasta el hueso”, dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al hablar a un batallón policial de Rosario. Son 300 gendarmes y 100 agentes de la Federal, que ya fueron distribuidos en los barrios más calientes de la ciudad santafesina.

En ese sentido, varios efectivos comenzaron a patrullar el humilde barrio Los Pumitas, foco de la extrema violencia el lunes por la reacción social ante la impunidad narco por el crimen de Máximo, de 11 años. Los vecinos lo recibieron con aplausos. Ahora dicen que fueron amenazados para que devuelvan los elementos saqueados de los búnkers narcos atacados.

La tercera ciudad argentina por cantidad de habitantes (1,3 millón) atrajo la atención internacional la semana pasada cuando dos desconocidos en moto balearon un supermercado de la familia de la esposa del astro del fútbol Lionel Messi y dejaron un mensaje de amenaza.

Por orden del presidente Alberto Fernández, fueron despachadas nuevas fuerzas a Rosario hasta completar unos 1.400 efectivos. “Hay gente que está padeciendo y viven con el corazón en la boca”, admitió el ministro Aníbal Fernández.

Momentos de zozobra se vivieron tras la muerte de un niño de 11 años en medio de un tiroteo entre narcotraficantes, en el empobrecido barrio de la periferia rosarina.

Impactaron en la opinión pública las imágenes de graves incidentes, cuando familiares y vecinos del niño saquearon e incendiaron casas de los presuntos responsables del crimen.

A raíz del ataque vecinal, las bandas narcos enviaron por redes sociales amenazas de disparar “balas para todos”, en represalia.

Rosario es la ciudad con mayor criminalidad de Argentina, con una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, cinco veces más que el promedio nacional.

POLÉMICA POR LA FUERZAS MILITARES

El presidente Fernández dispuso también enviar a miembros de la compañía de ingenieros del ejército para ayudar a la urbanización de los barrios populares donde el narcotráfico se mueve a sus anchas.

Los militares actuarán sin armas debido a la estricta prohibición constitucional de intervenir en seguridad interior.

La reacción de organismos defensores de derechos humanos, y de algunos dirigentes kirchneristas, fue rechazar la movilización de militares. “Es un hecho grave que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana”, dijo Centro de Estudios Legales y Sociales.

En otra reacción al anuncio gubernamental, la fiscal general de Rosario, María Eugenia Iribarren, dijo a la radio LT8 que “hay casos de complicidad policial con el narcotráfico, en una degradación que lleva años”.

Aníbal Fernández, mientras, concurrirá hoy a las 13 a la Cámara de Diputados para exponer ante en la comisión de Seguridad Interior sobre las políticas que se están instrumentando para detener la ola de violencia en Rosario, atravesada por un aumento de homicidios y de crímenes vinculados al narcotráfico.

La cita estuvo acordada con la oposición que había pedido la interpelación del ministro.

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