La Casa Rosada no pudo evitar las disputas internas

Finalmente el Gobierno implementó el refuerzo de efectivos de fuerzas federales en Rosario, en lo que pareció una desesperada medida para hacer frente al recrudecimiento de la violencia en la ciudad santafesina a consecuencia de una avanzada narco, que el pasado lunes incluso provocó la brutal reacción vecinal por el asesinato de un chico de 11 años. La respuesta oficial expuso, además, roces internos en el gabinete y las diferencias existentes entre el gobernador peronista Omar Perotti y el Ejecutivo.

Fue el ministro Aníbal Fernández (Seguridad) quien encabezó durante la víspera el desembarco de la legión de agentes de fuerzas federales con un discurso en el que advirtió que “hay que llegar al hueso para romper la estructura” criminal, que en lo que va del año ya ocasionó por lo menos 65 homicidios dolosos en el distrito. Todo un récord.

En la Rosada se discutió el plan de respuesta al problema narco de esta ciudad santafesina entre el fin de semana y el lunes pasado. Y terminó acelerándose por las imágenes de la pueblada en el humilde barrio “Los Pumitas” , que los canales de TV mostraron sin cesar a comienzos de semana. Atrás habían quedado los desesperados reclamos por mayor seguridad del intendente Pablo Javkin y del gobernador Perotti.

El mandatario santafesino no tiene buen vínculo con Alberto Fernández desde el frustrado intento oficial por estatizar la cerealera Vicentin, en 2020, y tampoco le cayó bien que sea promovido a la jefatura de Gabinete un rival interno en la provincia litoraleña como es Agustín Rossi.

Justamente el “Chivo” Rossi fue uno de los responsables del diseño del plan, surgido después de que se concretara la balacera sobre el supermercado de los padres de Antonella Rocuzzo.

Las medidas incluyen el refuerzo en la cantidad de prefectos y gendarmes, la adquisición de cámaras de reconocimiento facial –una medida que el kirchnerismo había cuestionado en CABA en 2021 pero que ahora tuvo que presentar el camporista Wado de Pedro por tener bajo su órbita el Registro Nacional de las Personas-, la apertura de una oficina de la Unidad de Investigación Financiera para detectar casos de lavado y el envío de oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para urbanizar las villas rosarinas.

Justamente la incorporación de las Fuerzas Armadas en el marco de un plan represivo, sin armas pero en un contexto de población vulnerable, provocó que Estela de Carlotto tenga que volver sobre sus pasos luego de apoyar en primer término la medida para no contradecir a Alberto Fernández, a quien viene protegiendo, a su manera, del “azote” cristinista. Finalmente la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se rectificó y sostuvo que los militares deberían “estar en los cuarteles”.

La polémica expone, de alguna manera, la improvisada respuesta que tuvo que salir a dar el Ejecutivo para mostrar iniciativa ante la exposición de un drama, que en verdad, lleva casi dos décadas asolando Rosario pero que en los últimos años ganó en virulencia. Los expertos concluyen que, más allá de la penetración de las bandas en las fuerzas de seguridad e incluso en algunas oficinas judiciales, el problema resulta de complejo abordaje porque no existe un gran cartel de la droga, como ocurría en la Colombia de los ´80, sino que son pequeñas gavillas que se van disputando territorio a sangre y fuego.

Frente a este complejo panorama, algunos integrantes del oficialismo esperaban la creación de una suerte de “fuerza de élite” integrada por especialistas de distintos organismos del Estado, para dar respuesta a este flagelo. Por eso hubo cierta decepción en los anuncios que el Presidente realizó el pasado martes en un mensaje grabado.

El gobernador Perotti dio el visto bueno al mayor despliegue de efectivos pero, sutil, no se privó de una crítica al Ejecutivo al destacar que desde hacía tiempo esperaban “una presencia más activa” del Estado nacional en el distrito y, al mismo tiempo, se quejó por la discriminación que, a su entender, sufre su provincia en el reparto de fondos para Seguridad si se la compara con las transferencias a CABA por ese mismo rubro.

Es que el simple despliegue de gendarmes y prefectos no garantiza la disminución de la violencia. De hecho, como ayer le hizo notar la prensa rosarina al ministro Fernández, entre fines de 2013 y principios de 2014 la ciudad llegó a tener más de 4 efectivos de fuerzas federales sin que se lograran bajar significativamente los delitos graves en dicha jurisdicción.

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