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El Colegio de la Abogacía reclaman que se garanticen los trámites frenados por un conflicto salarial iniciado en marzo
A casi dos meses de planteado el conflicto salarial en el Registro de la Propiedad Inmueble, se mantiene la preocupación en un amplio espectro profesional, afectado por la paralización de trámites sobre compra y venta de inmuebles y procesos judiciales. En las últimas horas, se sumó un pedido del Colegio de la Abogacía directamente orientado a la Gobernación para que se garantice una salida y con eso las prestaciones del organismo.
En el marco de la última reunión del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de La Plata, “se resolvió enviarle una nota al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que tome las medidas necesarias para resolver la falta de servicio debido a las medidas de fuerza del personal que se lleva a cabo en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia”, se expresó desde la entidad profesional platense en las últimas horas.
“Esta medida afecta la vida de las/los ciudadanos al no poder obtener la documentación correspondiente que dicho organismo debiera expedir, y adicionalmente el derecho a trabajar garantizado en la Constitución de la Nación Argentina de las/los matriculados que representamos”, remarcó la presidenta del Colegio, Rosario Sánchez.
Asimismo, recordó también que han realizado “diversas gestiones” tendientes a obtener una “solución a dicho problema sin obtener una respuesta favorable”.
En esa línea, manifestó que es un “deber” de la provincia de Buenos Aires “mantener el servicio que debe cumplir dicho organismo”.
Este diario consultó en el Ministerio de Economía sobre el cuadro de estos días en el organismo y se indicó que “la Provincia está abordando la situación del Registro de la Propiedad Inmueble de forma permanente, desde el inicio”.
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Se apuntó que “a mediados de abril se arribó, en conjunto con todos los gremios intervinientes, a un acuerdo que contempla mejoras salariales y reclamos históricos de las y los trabajadores del Registro”.
Ese acuerdo es rechazado por un sector del personal, que mantiene la protesta. Según Economía, entre las mejoras están “el otorgamiento de un premio jubilatorio equivalente a 6 sueldos básicos más antigüedad, para el personal contratado bajo el régimen Ley N° 10.295, y un aumento salarial a partir del mes de abril, adicional a los acuerdos paritarios generales”.
Mientras las inmobiliarias y entidades profesionales hablan de paralización, desde el Ministerio se indicó ayer que “en el transcurso de esta semana se inició un proceso de normalización del funcionamiento del organismo que implicó la salida continua y ordenada de documentación”.
A fines de la semana pasada, desde el mercado inmobiliario se advirtió sobre los problemas que el conflicto genera sobre ese sector. Puntualmente, se señaló que al no salir los informes sobre propiedades y garantías no se pueden firmar contratos de alquiler ni boletos de compra venta.
Se demoraron los trabajos de escribanos, agrimensores y abogados, entre otros, según plantearon distintas entidades y sectores afectados.
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