Máxima tensión entre el Gobierno y la Corte: fondos, inhabilitación y las re-reelecciones en el foco

En el pico de máximo tensión de una relación que nunca fue fácil, el Gobierno volvió a negarle a la Corte Suprema los fondos necesarios que permitan pagar los aumentos salariales acordados en el ámbito del Poder Judicial. Fue a través de una carta del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Allí sostuvo que ese incremento lo deben realizar con “los faltantes presupuestarios” que ya tienen asignados o “con recursos propios disponibles” del máximo Tribunal.

Es la segunda vez en menos de un mes que Rossi les dice a los jueces supremos que usen lo que se conoce como fondo anticíclico del Poder Judicial para atender reclamos salariales.

“La crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”, explicó Rossi en la misiva. El ministro coordinador, vale aclarar, acaba de lanzarse como precandidato presidencial del Frente de Todos.

Decisiones de alto impacto

La tensión entre el Gobierno y la Corte, en una semana en las que el tribunal tomó decisiones de alto impacto político, tuvo su expresión máxima del lado del Ejecutivo en críticas del propio presidente Alberto Fernández: cuestionó el fallo que inhabilitó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para pelear por una nueva reelección con el argumento de que esa sentencia rompe el federalismo.

Rossi explicó en su carta-respuesta al pedido de la Corte que el tribunal tiene excedentes del presupuesto de este año para pagar los aumentos y que también dispone de un fondo propio de 151.711 millones de pesos en cuentas bancarias y plazos fijos.

“Así las cosas, y a la luz de lo establecido en la Ley 23.853 de Autarquía Financiera del Poder Judicial, podría disponerse la re composición de las partidas dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió el jefe de Gabinete.

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Disputa por los fondos

La disputa por los fondos comenzó a principio de mayo cuando la Corte le pidió a Rossi, quien por su cargo es la cabeza de la administración nacional, que amplíe las partidas presupuestarias del Poder Judicial para poder afrontar los pagos de los aumentos salariales previstos para abril, mayo y junio de un 9 por ciento cada vez. Aquella oportunidad fue la primera negativa.

No puede dejar de leerse este ida y vuelta en el marco de la pelea política por distintos fallos de la Corte Suprema con repercusiones en el mundillo político oficialista.

Inhabilitó ayer al gobernador sanjuanino para ir por un nuevo mandato porque estimó que estaba incurriendo en una irregular interpretación de la constitución provincial. Antes, había volteado la postulación a vicegobernador del tucumano Juan Manzur, que es el actual gobernador y pretendía hacer un enroque con su segundo para quedarse en lo alto del poder cuatro años más.

Pero además, en el fallo por el caso de Uñac, la Corte presentó fundamentos muy fuertes respecto a que para sus miembros los intentos re-reeleccionistas en general, por más que sucedan en el ámbito de las realidades políticas provinciales, atentan contra los valores republicanos de gobierno que estipula la Constitución nacional y entre los cuales se destaca la alternancia en el poder.

Mensaje para Insfrán

Es un fuerte mensaje para el gobernador formoseño Gildo Insfrán, de buena sintonía con el presidente Fernández y con Cristina Kirchner. En la Corte hay un expediente que cuestiona que, por la reelección indefinida que rige en Formosa, este año intentará postularse una vez más para alcanzar el récord de permanencia de 32 años en su sillón.

Y descansa en la Corte, además, un expediente con un potencial de daño tremendo para la política bonaerense: un pedido para que se declaren inconstitucionales las re-reelecciones (tres períodos) que lograron intendentes, concejales y legisladores de la Provincia con una ley aprobada el año pasado.

El Gobierno albertista, además, asoma como un aliado del kirchnerismo duro en el Congreso -en especial en Diputados- para llevar adelante un proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, que ha tomado ribetes de show aunque probablemente quede en la nada porque el peronismo jamás reunirá el número para subirlo y tratarlo con éxito en el recinto. Esa movida es considerada por los cortesanos como una jugada para desprestigiarlos.

La situación genera, además, tensión en la propia Justicia. El gremio de empleados judiciales, que lidera Julio Piumato, comenzó ayer un paro de 36 horas en reclamo del pago de los mencionados aumentos. “Estamos defendiendo lo que nos corresponde, sin salarios justos hay lucha”, es la consigna de la medida de fuerza.

Por otra parte, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina señaló hace pocos días que el rechazo del gobierno nacional a facilitar la actualización salarial “evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial”.

La Corte inhabilitó al gobernador sanjuanino para ir por un nuevo mandato