Presentaron la apelación contra el cierre de la causa que investiga el escándalo de las tarjetas de la Legislatura

El fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo presentó la apelación contra la anulación de la causa en la que se había comenzado a investigar el escándalo sobre el puntero del PJ Julio "Chocolate" Rigau, a quien encontraron haciendo extracciones con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense y más de un millón de pesos en una bolsa de residuos.

La apelación de Vogliolo era vital para que la investigación no quedara en la nada después que la Cámara de Apelaciones de La Plata, con los fallos de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, y de Fernando Mateos en disidencia, dispusiera archivar la investigación por considerar que existían "deficiencias" en el accionar de los efectivos policiales que aprehendieron a Rigau en el banco ubicado en 7 y 54 cuando fue sorprendido extrayendo 1,2 millones de pesos de los cajeros automáticos.

Villordo y Benavides fueron los que votaron a favor de cerrar la causa entendiendo que los policías habían accionado mal por no contar con una autorización judicial, mientras que Mateos sí convalidó la investigación, lo que dejó abierta la posibilidad precisamente para que el fiscal general apelara el fallo.

Vale recordar que el fallo de la Cámara de Apelaciones causó sorpresa en ámbitos judiciales, donde un fiscal, que no interviene en el caso, dijo que “es inaudito lo que hicieron. Con un habeas corpus (los abogados defensores) fueron directamente a la Cámara, cuando lo habitual es que opine la fiscal y el juez de Garantías. No se utilizó la vía adecuada”.

Además de liberar a Rigau, la Cámara planteó la nulidad de la detención para “voltear” toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvieron los camaristas Benavides y Villordo.

Ahora,la Cámara de Casación Bonaerense tiene que definir si el caso se sigue investigando o no, para lo cual no tiene plazos para resolver la apelación.

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