La Legislatura podría ser allanada por no colaborar con la Justicia

La Legislatura bonaerense podría ser allanada por la Justicia, a raíz de la negativa de las autoridades de la Cámara de Diputados a brindar una serie de informes que solicitó la fiscal que interviene en el escándalo por el cobro de sueldos que salió a la luz con la detención de Julio “Chocolate” Rigau.

Rigau fue detenido el 9 de septiembre pasado en los cajeros automáticos del Bapro de 7 y 54, con 48 tarjetas en su poder y 2.2 millones de pesos en una bolsa de consorcio.

En el marco de la investigación, la fiscal Betina Lacki requirió a la Cámara de Diputados conocer quiénes son los funcionarios encargados del área de Personal, pero hasta el momento, no tuvo respuesta positiva. El conflicto de poderes entre el Legislativo y el Judicial, quedó cerca de concretarse.

Las autoridades de la Cámara Baja respondieron, pero no aportaron los datos que pedía la funcionaria judicial. Argumentaron que el pedido de la fiscal podía ir contra la ley de protección de datos personales y que sería la propia Legislatura la que decidiría si le daba esos nombres y cuándo.

“En relación a la alegada protección de los datos personales surge con meridiana claridad que tal afirmación no tendría asidero en virtud que la información requerida no revista una naturaleza sensible relativa al origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, replicó la fiscal Lacki.

La fiscal se amparó, además, en que “toda la información en poder del Estado se presume pública”. La funcionaria considera que el detalle que reclama es clave para desentrañar la ruta del dinero negro que se generaba con el cobro.

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Lacki quiere saber quiénes trabajaron o trabajan aún en las áreas de la Cámara de Diputados que están a cargo de nombrar empleados, ver sus legajos y auditar su desempeño. Necesita esos nombres para citarlos a explicar los nombramientos de “Chocolate” Rigau y los 48 titulares de esas tarjetas de débito.

La fiscal hizo saber además que si no le envían ese informe, ordenará un allanamiento para hacerse de esa información.

En el marco de la causa, el ex concejal massista de La Plata, Facundo Albini y su padre, Claudio, ex subjefe de Personal de la Cámara de Diputados, están presos porque se sospecha que integraron una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado que también incluía a Rigau, que reportaba a ambos.

El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, que supervisa la investigación, tiene un cálculo del posible robo de dinero a las arcas públicas bonaerenses: habla de que podría superar los $800 millones al año y estimó que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.

Pese a que Diputados no le brindó lo que solicitaba, Lacki siguió tirando de la cuerda e identificó a otras 39 personas que cedieron sus tarjetas de débito para que una pareja de “Chocolates”, les retiren sus salarios mensuales como supuestos empleados del Senado bonaerense.

El descubrimiento de la fiscal se produjo a partir de un informe que le entregó el Banco Provincia, en base a las cámaras de seguridad de sus cajeros automáticos, donde se pudo ver en reiteradas oportunidades a una pareja que se saludaba de madrugada con “Chocolate” Rigau, mientras realizaban la misma tarea que el puntero peronista, que consistía en extraer dinero de numerosas cuentas bancarias.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, al menos cinco de esos 39 empleados del Senado bajo sospecha trabajan o trabajaron en la Municipalidad de La Plata, otro en la Cámara de Diputados provincial y otra más en la Dirección General de Escuelas. Varios figuran como empleados de comercio o gastronómicos; otro, en una empresa de caudales y otro más en los clubes River Plate y Estudiantes.

La fiscal Lacki espera ahora las respuestas del Senado y del Banco Provincia para definir si cita a declaración indagatoria a los 39 titulares de tarjetas de débito como lo dispuso meses atrás con los 48 “ñoquis” y prestanombres de la Cámara de Diputados. Como se recordará, varios de ellos resultaron detenidos hasta que el juez Atencio los excarceló, aunque continúan procesados como partícipes del hecho de corrupción.

La fiscal ahora detectó maniobras similares con empleados del Senado