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Es porque varios mandatarios se oponen a subir las retenciones que pide el Gobierno. “Los voy a dejar sin un peso”, advirtió el Presidente en una reunión de gabinete
En reunión de gabinete, Milei lanzó una muy dura advertencia a los gobernadores / Archivo
CARLOS BAROLO
Javier Milei y varios de los gobernadores están inmersos en una batalla política de final incierto. Las provincias, en especial las de la Pampa húmeda, se oponen a la suba de retenciones que fogonea el Gobierno en la Ley Ómnibus que sigue trabada en el Congreso. Dispuesto a ir a fondo en busca de torcer voluntades, el Presidente lanzó una fuerte advertencia a quienes rechazan sus deseos y anticipó que “los voy a dejar sin un peso”. Ese dato filtrado le habría costado al ministro de Infraestructura (ver página 6).
La tensión fue creciendo en las últimas horas luego que varios gobernadores , entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Enre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), se negaran a que sus diputados convaliden las subas.
En el Gobierno consideran que ya se hicieron todas las concesiones en el marco de la negociación con las provincias. Los gobernadores pidieron eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales y el gobierno libertario accedió.
Sin embargo, ese no era el único punto de conflicto, porque tanto gobernadores como diputados de los bloques dialoguistas, no están dispuestos a acompañar la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz, que son herramientas clave para incrementar la recaudación.
A cambio, propusieron que se avance sobre los 30 regímenes especiales que rigen, por ejemplo, industrias como la del champagne, los autos de lujo y la economía del conocimiento.
El Gobierno se plantó y comenzó a desplegar una estrategia de endurecimiento que arrancaron algunos funcionarios y que ayer coronó con la advertencia con tono de amenaza, del propio Milei.
La andanada la había comenzado el vocero presidencial Manuel Adorni. “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, advirtió.
El mismo sendero había transitado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “El déficit cero no se negocia”, dijo. Y luego informó que había mantenido una reunión con su secretario de Hacienda y su subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que recortarían “inmediatamente si alguno de los artículos económicos fuera rechazado”.
Como para que no quedaran dudas respecto del plan oficial, acotó: “No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.
El propio Presidente mostró ayer su enojo en una reunión de gabinete que encabezó por la mañana. “Los voy a dejar sin un peso”, lanzó ante sus ministros al profundizar la estrategia oficial que procura acorralar a los gobernadores para que los diputados que les responden voten la ley.
“El déficit cero no se negocia”, dice el Gobierno y amenaza con cortar fondos a provincias
La amenaza oficial apunta a que el Gobierno nacional sólo le transferiría a las provincias la coparticipación establecida por ley. Pero dejaría de enviar fondos discrecionales y podría dar de baja diversos convenios que implican el aporte de fondos federales para los distritos. De esa forma, dicen fuentes oficiales, se compensaría lo que la Nación perdería por la no suba de las retenciones.
El Gobierno arremete porque no tiene los votos para que se sancione la ley en la Cámara de Diputados. De hecho, el trámite parlamentario sigue demorado, ahora pasó para la semana que viene y en medio de un final incierto.
En medio de los tironeos, el Gobierno echó más leña al fuego con el anuncio de la creación de una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos.
La fiscalía investigará casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados. El dato político fuerte es que esa investigación podrá alcanzar a funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Fuentes del Gobierno dijeron que la intención es devolver el valor de lo confiscado a la sociedad y que la idea surgió a modo de mensaje a los gobernadores para torcer el “poroteo” en el Congreso.
En medio del revuelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, buscó desinflar una polémica ya muy instalada. Si bien dijo que los cambios incorporados al proyecto de ley “contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno”, sostuvo que “no hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por distintos temas. Cuando no hay fondos, (el Ejecutivo) suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar. Y cuando se suprime la transferencia, las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Por ahí lo tomaron equivocadamente”.
Claro que los gobernadores no se quedaron atrás. Salieron a sostener sus posiciones con críticas al Ejecutivo nacional. Por caso, Pullaro aseguró que le genera “angustia” que el Gobierno nacional pretenda “quebrar” la decisión de los mandatarios provinciales de no acompañar los artículos de la ley ómnibus vinculados al ámbito fiscal.
“La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera”, sostuvo. Además, criticó al ministro Caputo. “Nos habla a nosotros porque fuimos el principal gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales”, afirmó.
“Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley ‘Bases’. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen”, subrayó por su parte el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Lo cierto es que Milei apretó ayer el acelerador y lanzó la amenaza de dejar sin fondos adicionales a las provincias.
Una forma de ir por todo y tratar de torcerles el brazo a los gobernadores. ¿Podrá?
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