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Política y Economía |Las radicales modificaciones que promueve la iniciativa cuestionada

Cuáles son los cambios en el régimen de trabajo que suspendió la Justicia

4 de Enero de 2024 | 02:00
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Con el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que hizo lugar a un planteo de la CGT y frenó el megadecreto 70/23 firmado por Javier Milei, entraron en suspenso profundas reformas en materia laboral, como los límites al derecho a huelga, los cambios en el sistema de indemnizaciones y en la caja de los sindicatos.

En campaña, Milei había propuesto una “modernización laboral” y solo mencionaba su intención de implementar un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se basó para ello en el modelo que implementa la Uocra. El decreto dispone que la medida será voluntaria y deberá acordarse por convenio colectivo, entre las partes empresarias y sindicales. El aporte al eventual fondo no podrá superar el 8% mensual y correrá a cuenta del empleador.

Además, el DNU reduce la indemnización por despido, al no incluir aguinaldo ni conceptos de pago semestral o anual, como así tampoco sumas no remunerativas, premios o bonos anuales.

Además, se amplía el período de prueba de tres a ocho meses y se pretenden reducir las multas a empresarios por no registración.

También, el decreto incluye como causal de despido los bloqueos y limita el derecho a huelga en aquellas actividades consideradas esenciales, como el transporte público.

Por otro lado, el DNU en cuestión va contra la recaudación sindical, ya que propone que las empresas no estén obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. También impacta en las obras sociales, al disponer que los aportes de los afiliados a las prepagas ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales.

Otro cambio que desató la furia gremial fue la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que regula la vida interna de las organizaciones gremiales y que ahora establece que “los representantes sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Un cambio que apunta a penalizar las asambleas de trabajadores.

 

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