Denuncian extorsión y maniobras judiciales en Tandil: apuntan a un juez y a un empresario

Julio César “Coco” Ballestero, reconocido abogado de Tandil, presentó una denuncia tras analizar una compleja situación, que, según asegura, involucra al juez local José Zárate en maniobras irregulares. Ballestero explicó que decidió asumir el caso solo después de un exhaustivo análisis de la documentación presentada por sus representados, la cual evidenciaría un accionar indebido del magistrado. 

“Yo tengo un gran respeto apriorístico por cualquier magistrado”, afirmó Ballestero. “Hicimos una evaluación profunda de la situación porque de ninguna manera quería patrocinar una denuncia sin fundamentos. Nos tomó más de un mes analizar la documentación y concluimos que debíamos colaborar jurídicamente con quienes eran víctimas de una maniobra extorsiva, gestada fuera de un expediente judicial, concretada dentro del mismo, y utilizando instrumentos que presumimos falsos. Esto, además, incluyó el remate de un juez que ofreció dinero de su propio patrimonio para favorecer a los demandantes”.

El conflicto tiene origen en un juicio sucesorio iniciado tras el fallecimiento de Ángel María Valiente Noailles, propietario de un predio que heredó Jorge Valiente Noailles y posteriormente se cedió a una sociedad conformada por Martín Burs y Jorge Heter. Esta sociedad emprendió un proyecto inmobiliario llamado “Miradores de Montecristo”, con Gastón Giove como desarrollador. Sin embargo, una porción del terreno estaba ocupada por Juan Miguel Ramírez, quien, según Ballestero, buscaba quedarse con todo el predio alentado por el empresario local Luis Cerone. 

“Ramírez, estimulado por Cerone, exigía sumas que iban desde los 500 mil hasta los 700 mil dólares para no demandar ni interferir”, relató el abogado. “Estas demandas vinieron acompañadas de amenazas, como ´si van a la justicia ya verán lo que les pasará´. Estas advertencias se corroboraron posteriormente”.

Ramírez finalmente presentó una demanda que recayó en el Juzgado Civil y Comercial de Zárate. Según Ballestero, “el juez actuó en complicidad con el empresario” y decretó una medida cautelar que expulsó a los desarrolladores del predio. “Luego, el juez comenzó a negociar directamente con Cerone, realizando reuniones en el Hotel Libertador, propiedad de este último, sin la presencia de Ramírez, el supuesto demandante”, detalló el letrado.

En esas reuniones, se exigió a Giove 100 mil dólares, luego incrementados a 150 mil, para resolver la situación. Ballestero denunció que Zárate incluso ofreció 50 mil dólares de su propio dinero para facilitar el arreglo, algo que calificó como “totalmente irregular” para un magistrado que debe ser imparcial.

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La denuncia presentada por Ballestero no solo implica a Zárate y Cerone, sino también a Ramírez y a las abogadas Silvia Rosana Fernández, Violeta Gutiérrez y Carolina Etelvina Boltiansky. Actualmente, está bajo la órbita de la Fiscalía Especial de Azul, dirigida por el Dr. Ignacio Calonje, quien, según Ballestero, está actuando con lentitud, “creo que un fiscal, especialmente en casos donde hay magistrados denunciados, debe darle la importancia que corresponde”.

El caso civil, por su parte, ya no está en manos de Zárate, quien fue recusado, y ahora es llevado por el Dr. Francisco Blanc. Este ha comenzado a reactivar la causa, paralizada por más de un año, aunque manteniendo algunas de las medidas iniciales de Zárate, lo que ha generado confusión entre los denunciantes.

Ballestero expresó su descontento con las irregularidades procesales, como las excusaciones recurrentes de jueces de garantías por vínculos con Zárate. A pesar de ello, aseguró que la defensa continuará trabajando hasta obtener un resultado favorable. Además, adelantó que pedirán un juicio político contra Zárate y consideró la posibilidad de recurrir a instancias judiciales fuera de Tandil si fuera necesario. Finalmente, Ballestero destacó que la evidencia en el caso es sólida, incluyendo grabaciones donde el juez admitiría su participación en las maniobras denunciadas. “Nunca imaginé que un juez reconocería haber ofrecido dinero para concretar un arreglo irregular. Esto está completamente probado, y seguiremos adelante con la convicción de que nuestros clientes tiene derechos inobjetables”.