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Anoche, el proyecto que originalmente tenía 664 artículos y fue dictaminado con 386 fue tratado en el recinto con un total de 221 artículos. Y al cierre de esa edición seguían modificando su contenido.
Uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo decidió acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica- podrán ser privatizadas parcialmente.
Y dejaron afuera del listado asiete empresas más,Las siete empresas que quedaron fuera del nuevo listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de la Moneda; Fabricaciones Militares; Radio Universidad de Córdoba; Radio Universidad del Litoral; Vehículo Espacial Nueva Generación SA y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
Antes el Gobierno había accedido a que YPF no se privatizara.
Igual, todas las privatizaciones deberán sortear el análisis de una Comisión Bicameral encargada de analizar las privatizaciones,
Además, el oficialismo también accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal, con lo cual quedarán en seis la cantidad de emergencias a ser declaradas: económica, financiera, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa.
Revocado el paquete fiscal, las facultades delegadas constituyen ahora el alma del proyecto. El oficialismo se prepara para defenderlas a capa y espada no solo frente al kirchnerismo -que las rechaza de plano- sino ante un número aun indefinido de diputados “dialoguistas” que este miércoles amenazaban con no concedérselas.
Las presiones subterráneas para quebrar voluntades estaban anoche al rojo vivo. Los oficialistas contabilizaban 149 votos seguros para aprobar en general el proyecto, pero de ellos una veintena podría defeccionar cuando, en la votación en particular, se aborde ese artículo.
Quienes ya anticiparon su negativa provienen del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto. Los seis diputados de la Coalición Cívica lleva la voz cantante, a los que se suman los socialistas y un grupo de radicales encabezados por Facundo Manes. Podría sumarse la cordobesa Natalia De la Sota y Margarita Stolbizer, de GEN. Oficialismo y oposición hacen sus números: están muy justos. “No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, avisó Manes.
El proyecto le concede al Poder Ejecutivo atribuciones legislativas para resolver, sin aval del Congreso, en una diversidad de materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Todo esto por el plazo de un año con la posibilidad de ser prorrogado por otro más. En rigor, el Gobierno pretendía en el texto original contar con facultades más amplias y por cuatro años. Los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pusieron límites y el Gobierno se vio obligado a retroceder.
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