La postura del Gobierno de Milei: “Memoria, verdad y justicia completa”

“Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”. Bajo ese título, el gobierno de Javier Milei difundió ayer un video de poco más de 12 minutos en el que se propuso contar su versión de la última dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. El mensaje, que se publicó a través de las redes y canales oficiales de la Casa Rosada, se conoció horas antes de la multitudinaria marcha que organismos de Derechos Humanos encabezaron en Plaza de Mayo.

Con las voces del periodista y exfuncionario menemista, Juan Bautista “Tata” Yofre; el exguerrillero Luis Labraña y María Fernanda Viola, la hija del excapitán Humberto Viola (asesinado en 1974, aún en democracia, por un grupo armado), el relato libertario hace foco en los pedidos de justicia para las víctimas de las agrupaciones armadas, omitiendo las desapariciones, torturas y crímenes perpetrados por los jerarcas militares.

Es así como se equipara el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera, se defiende que hubo una ”guerra” en la que “cayó gente inocente de los dos lados”, se ponen en cuestión los 30.000 desaparecidos y se sugiere que los organismos de derechos humanos “cobraban un diezmo” por su tarea de búsqueda de hijos y nietos.

El video arranca con una cita de “El libro de la risa y el olvido”, del escritor checo Milán Kundera. “Para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria”, lee la voz en off del “Tata” Yofre y amplía: “Se destruyen sus libros, su cultura, su historia y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes”.

Según la versión de Yofre, hubo razones monetarias que llevaron a contar lo que ocurrió entre 1976 y 1983 de manera incompleta: “El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes, de aquel entonces y de hoy, 200 mil dólares para cada uno”, asegura y abunda: “La otra razón es que, ¿cómo van a condenar con el terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de (Néstor) Kirchner; hay que acordarse que fue el presidente que terminó con todo, con el indulto del presidente (Carlos) Menem, con el Punto Final y la Obediencia Debida, que había aceptado Raúl Alfonsín años antes. Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos”.

A su turno, María Fernanda Viola hace hincapié en los detalles del asesinato de su padre, ocurrido a manos del ERP el 1º de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán. También ella se refiere a “una guerra en la que ha caído gente inocente de ambos lados”, a la par que pide por un registro de víctimas de terrorismo y reclama justicia por su progenitor.

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Para el exmilitante de Montoneros, Luis Braña, en aquellos años “el país no resistía más” y lo que ocurrió fue una “guerra” entre “monstruos. No es que los militares fueran malos o nosotros fuéramos malos, nos convertimos en monstruos. No fueron dos demonios, fueron dos ángeles caídos porque desde ambos lados peleamos por la libertad, por la patria”, reflexiona, reflotando así la cuestionada Teoría de los Dos Demonios.

Incluso, Braña va más allá al sostener que los desaparecidos “fueron un gran negocio” y se adjudica haber “inventado” la cifra de 30.000 desaparecidos.

“Se determinó un número. Alguien dijo 30.000, pónganle 30.000. Fui yo, y ese número fortaleció el odio y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No señores, 30.000 fue falso, lo puse yo el número”, concluye el video con el que el Gobierno se propuso contar la “verdad completa” de la última dictadura cívico-militar. Pero omitiendo que, según determinó la Justicia, las Juntas Militares activaron en 1976 un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio por el que sus responsables fueron condenados por delitos de lesa humanidad en una serie de juicios que inició la administración de Raúl Alfonsín y continúan hasta hoy. Todo como parte de una política de Estado impulsada por organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a las que el video acusa de haber hecho “un gran negocio”.

“Por una memoria completa. Para que haya verdad y justicia

Javier Milei, Presidente