La oposición mete la cuchara en el sistema previsional

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La oposición en Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que modifica el Decreto de Necesidad de Urgencia N°274/24 por el cual el Gobierno, en marzo, estipuló que las jubilaciones se ajustarán mensualmente con la tasa de inflación de 2 meses atrás. Está bien. Si la inflación erosiona las jubilaciones, ajustemos las jubilaciones por inflación.

El tema es que el Ministerio de Economía hizo una trampita. Como la nueva fórmula se comenzó a aplicar en abril, las jubilaciones se actualizaron con la inflación de febrero. Esto generó una inconsistencia debido a que, en marzo, con la vieja fórmula, se aplicaron actualizaciones que tomaron variaciones hasta diciembre 2023. Entonces, queda sin aplicar ajuste alguno correspondiente a la inflación de enero de 2024, que fue muy alta (20,5%). Aquí viene la trampita, cuando el gobierno dice: “OK, en abril se aplicará, por única vez, un aumento de 12,5% más la inflación de febrero”.

Claro, pero la inflación de enero fue 20,5%, entonces, pierden los jubilados (y gana el Tesoro porque al ajustar por debajo de la inflación hace “superávit fiscal”). Pero incluso lo más grave es que potencia las debilidades jurídicas de la nueva regla de movilidad, que es buena, dado que ajusta por inflación. Hay una frondosa jurisprudencia que advierte que la movilidad previsional tiene que ser regulada por ley y el ensamble con la fórmula que se sustituye tiene que ser consistente. Es decir, no puede hacerse por DNU y dejar un “bache” de ajuste en enero. Esta rusticidad crea un campo extremadamente fértil para que florezca la litigiosidad, lo que significa mayor costo fiscal a futuro.

Y vinieron al salvataje los diputados de la oposición. Lo que hicieron con su proyecto de ley es estipular que el ajuste del 12,5% por única vez que estableció el DNU del Gobierno para abril sea equivalente a 20,5%, que es la inflación de enero. El presidente Javier Milei entró en cólera. Porque esto significa anular la contribución al superávit fiscal que hizo la trampita y amenazó con vetar la iniciativa si se convierte en ley.

La verdad es que el proyecto de la oposición es superior al DNU del Gobierno, bien instrumentado. La razón es que la oposición modifica la regla de movilidad previsional por ley (como les gusta a los jueces) y ensambla correctamente con la vieja fórmula al empezar a ajustar con la inflación de enero (como les gusta a los jueces). El presidente diría: “... y el costo fiscal”.

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La respuesta es: “Calma, Sr. Presidente, porque usted tiene un bono de $70.000 que se le viene pagando a los haberes más bajos, independientemente del nivel de ingreso familiar y de riqueza del jubilado o pensionado”.

Como este bono es definido discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, cabe la posibilidad de que, por decreto simple, se establezca una regla de pago del bono más restrictiva. Por ejemplo, estipular que el bono de $70.000 no les corresponde a los que reciben un haber mínimo, pero tienen manifestaciones de riqueza, como ser: más de un inmueble, más de un auto, paga Bienes Personales, vive con un cónyuge que recibe un haber superior a la mínima, vive en country o tiene hijos con altos salarios.

O sea focalizando el bono entre los beneficiarios más vulnerables se genera espacio fiscal para pagar el “costo fiscal” de hacer el cambio de movilidad previsional como la justicia quiere que se haga.

En esta perspectiva, el proyecto de Diputados preserva más el superávit fiscal que el DNU.

De cal y de arena

Uno de los agujeros financieros más grandes que tiene el sistema previsional y que atenta contra el equilibrio fiscal son las moratorias previsionales. Además de ser muy injustas, porque dan igual tratamiento a quién hizo 30 años de aportes como a quién no hizo o hizo menos cantidad, generan déficit fiscal. Entonces, los diputados de la oposición, en la Ley de Bases que aprobaron y mandaron al Senado, derogan la moratoria previsional y, en su lugar, crean la Prestación de Retiro Proporcional (PRP).

Esto es, una persona con cero aportes recibe la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM (que vendría a ser como la Asignación Universal por Hijo, pero para el abuelo). Luego por cada año de aporte que tenga recibirá un adicional por encima de la PUAM. Si llega a tener 30 años de aportes recibe la Jubilación Ordinaria que es la contributiva actual.

Este esquema es mejor que la moratoria. Porque la moratoria le otorga -injustamente- una Jubilación Ordinaria a personas con menos de 30 años de aportes o con ningún aporte. La PRP, en cambio, propone garantizarle la PUAM y reconocerle los aportes que la persona tenga hechos en una cantidad inferior a 30 años con un beneficio proporcional.

Además, la Jubilación Ordinaria genera derecho a pensión por sobrevivencia, con lo cual, hoy hay 1,2 millón de jubilados que reciben doble beneficio: jubilación propia más pensión por fallecimiento del cónyuge. De estos 1,2 millones, 800.000 duplican gracias a la moratoria. La PRP, en cambio, no genera derecho a pensión. Entonces, no incurre en esta injustificada doble cobertura.

La PRP, que propone la oposición en Diputados, es claramente más equitativa y fiscalmente más sustentable que la moratoria. Esta es buena noticia para el presidente Milei.

Ahora viene la de arena (en el Senado). La oposición pidió directamente restablecer las moratorias y eliminar la PRP. Si no, no acompañaba. Como la votación estaba empatada, el Gobierno aceptó el pedido. Esto es más costo fiscal seguro mientras que emprolijar la movilidad puede no tener ningún costo fiscal. Pero el Presidente entró en cólera por la segunda y no por la primera.

De todas formas, en marzo 2025 vence la moratoria. Y el Gobierno tendrá una nueva oportunidad (de no renovarla, obvio, y avanzar con la PRP).