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José Picón
jpicon@eldia.com
En diversas entidades empresarias bonaerenses y sectores de la oposición se viene agigantando el rechazo a un proyecto aprobado hace algunas semanas en la Cámara de Diputados a instancias del kirchnerismo, que eleva sustancialmente los montos de la indemnizaciones por despidos. De hecho, esta semana habrá una fuerte puesta en escena en el Senado, donde la iniciativa debe comenzar a considerarse, para formalizar la negativa.
Los empresarios denuncian que multiplicar el monto de las indemnizaciones terminará condenando al cierre a numerosas Pymes que son generadoras de gran parte de la mano de obra en la Provincia. Y advierten además que, con la reforma en debate, difícilmente vayan a crearse nuevos puestos de trabajo.
Ese paso formal que sectores de la producción y legisladores de la oposición darán en busca de ir generando masa crítica, es relevante. Pero parece quedarse corto frente a los transcendidos de las últimas horas que indican que el propio Axel Kicillof no estaría de acuerdo en que avance un proyecto de esas características.
En la Gobernación dejan trascender el enojo que existe por aquella iniciativa “inconsulta”. Están convencidos de que se trató de un movimiento que buscó hacerle pagar algún costo político al mandatario. “Hay que fijarse de dónde vino”, aconsejan algunos funcionarios como para dar una pista. El acertijo no es de difícil resolución.
El proyecto fue presentado por Maite Alvado, una dirigente de La Cámpora muy cercana a Facundo Tignanelli, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria. También camporista, Tignanelli es uno de los pocos hombres de confianza de Máximo Kirchner.
En la Cámara de Diputados, donde Kicillof no cuenta con espadas propias de relevancia, el proyecto pasó como por un tubo. En la Gobernación leen ese movimiento en clave de interna. Sospechan de que La Cámpora quiere ubicar a Kicillof en el incómodo lugar de mover algunas fichas para frenar la ley en el Senado o, en el peor de los casos, tener que vetarla. “Para después decirnos que no defendemos a los trabajadores”, añaden.
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Ese debate vuelve a poner en escena la disputa, disimulada en los últimos días, entre Kicillof y Máximo Kirchner. La pausa apuntó a concentrar todos los cañones a la movilización del miércoles al Congreso para visibilizar el rechazo a la ley Bases que persigue el gobierno de Javier Milei. Aunque sin la estridencia de las declaraciones públicas cruzadas, al parecer duró poco.
Hay otras cuestiones que empiezan a colarse en medio de esas tensiones. El 1° de julio se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón y el kirchnerismo estaría preparando un acto en el que la única oradora sería Cristina Fernández de Kirchner. Sería la oportunidad que estarían aguardando algunos intendentes alineados al kirchnerismo para generar un operativo clamor tendiente a pedirle a la ex presidenta que se haga cargo de la conducción del PJ nacional que cursa una virtual acefalía tras el alejamiento de Alberto Fernández.
Ese movimiento podría tener un impacto dual sobre la Provincia. Si Cristina, que nunca quiso conducir al partido al que está afiliada, asume la presidencia, Máximo Kirchner dejaría el liderazgo del PJ bonaerense.
Esa versión se conjuga con otra: que Cristina podría ser candidata a diputada nacional por la Provincia el año que viene.
Kicillof nunca aspiró a conducir el peronismo de la Provincia. En cambio, en algún momento evaluó la posibilidad de una proyección nacional partidaria que quedaría obturada por aquella eventual presidencia de Cristina.
Estos movimientos se cruzan con otros reproches que La Cámpora le lanza al Gobernador. Tienen que ver con los aumentos de impuestos al campo. En la “orga” que conduce Máximo Kirchner dejan trascender que, en medio de la estrechez financiera que sufre la Provincia, no se le estaría aplicando al agro toda la presión tributaria prevista en la ley Impositiva que se aprobó antes de fin de año.
El gobierno provincial quedó envuelto esta semana en una polémica por los cambios en la educación Secundaria, que básicamente elimina la repitencia. Curiosamente, cuando el tema se debatió en el Consejo General de Educación bonaerense, fue respaldado por los consejeros radicales y el que representa al PRO.
Esa votación no hizo más que potenciar la disputa en el partido amarillo. La reforma fue criticada a coro por los sectores que responden a Mauricio Macri. El consejero que emitió dictamen favorable se reporta a Patricia Bullrich.
Esa pelea está al rojo vivo. Los legisladores bonaerenses que responden al ex presidente buscan correr de sus cargos a un director del Banco Provincia y a un consejero de la Magistratura que reconocen el liderazgo de la ministra de Seguridad. Los dos funcionarios, resisten. Los macristas siguen sumando bolillas negras: ahora pusieron en la mira a Matías Lobos, el consejero bullrichista que apoyó la reforma educativa.
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