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Es el equivalente a contar mensualmente con 3,5 veces el valor de la canasta básica familiar. Sigue el reempadronamiento
A partir de la readecuación de datos por el impacto de la inflación, desde agosto, el umbral a partir del cual no se puede solicitar subsidios es desde 3.056.092 pesos de ingreso familiar mensual, se informó.
El cálculo se actualizó una vez que se difundió el dato de la inflación correspondiente al mes de junio, fijado en 4.6 por ciento por el Indec. Por el impacto del costo de vida, el techo de ingresos con cobertura estatal en los servicios subió desde los alrededor de 2.9 millones de pesos.
Para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los ingresos mensuales totales para no pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o menores a $3.728.431 al mes, se precisó en la información oficial.
La normativa vigente, categoriza como N1 a las familias que perciben ingresos por hasta 3,5 veces el valor de la canasta básica. Ese segmento, queda fuera del beneficio consistente en la reducción de la tarifa de luz y gas a instancias de un aporte que realiza el Gobierno Nacional. En suma, se hace cargo de una parte de lo que debería gastar cada familia si tuviera que pagar el precio pleno.
El modelo, que se emplea en el país desde hace dos décadas, está en proceso de revisión, con anuncios de retiro progresivo de ese subsidio y últimamente de posposición de la medida.
No obstante, la Secretaría de Energía de la Nación busca “depurar” el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con un minucioso cruce de datos, en línea con el objetivo oficial de reducir lo más que se pueda el gasto del Estado, por lo que casi dos millones de usuarios residenciales deberán reinscribirse en el padrón.
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La Resolución 90/2024 de Energía establece que cerca de 1.7000.000 usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos, deberán reingresar al sistema de forma individual antes del 5 de agosto próximo.
Los hogares se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2) e Ingresos Medios (N3).
Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.
Quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1 y, por tanto, perderán el subsidio a la electricidad.
En el caso del gas, el ente regulador (Enargas), cuenta con mayor información porque la subvención se otorga a nivel nacional, por lo que el Gobierno cuenta con más herramientas para “depurarlo”.
En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información.
Antes de empezar es importante tener:
* El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.
* El último ejemplar de tu DNI.
* El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
* Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
* Una dirección de correo electrónico.
Según cálculos que se realizan en la Municipalidad y en el Organismo de Control Eléctrico de Buenos Aires (Oceba) en la Ciudad hay 18 mil hogares a los que ingresa alguno de los beneficios de reducción de la tarifa de luz y gas por situaciones de vulnerabilidad, pero podrían perder el subsidio si no completan el re empadronamiento que se desarrolla a lo largo de este mes.
Puntualmente, podrán asesorarse con personal de ambos organismos que desarrollan una campaña de difusión “destinada a evitar que los vecinos pierdan el subsidio a la energía debido a las nuevas medidas del Gobierno nacional”, referidas al esquema de tarifas por la energía con reducciones por el nivel de ingreso del grupo familiar.
Según los datos que se difundieron desde la Comuna, dentro de ese universo de beneficiarios, el 45 por ciento corresponde a personas jubiladas y pensionadas; el 27 por ciento, a sectores alcanzados por programas sociales; y el resto, a personas con discapacidad y con pensiones no contributivas, excombatientes de Malvinas, integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares y otros.
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