El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

Una seguidilla de asaltos violentos ocurridos en pocas horas volvió a encender la alarma en el barrio El Mondongo y reavivó un reclamo que los vecinos sostienen desde hace más de una década: la falta de una decisión política integral frente a la inseguridad, el narcomenudeo y la permanencia de la denominada “zona roja” dentro del casco urbano de La Plata.

El último episodio se registró el martes entre las 19.10 y las 20, cuando tres delincuentes que se desplazaban en moto cometieron al menos tres robos a mano armada en rápida sucesión. Las víctimas fueron una pollajería, una panadería y una estación de servicio ubicada en la zona de diagonal 73, entre Plaza Rocha y Plaza Matheu. En dos de los hechos, los asaltantes no solo exhibieron armas de fuego sino que llegaron a gatillarlas frente a los empleados, generando escenas de extrema violencia.

Los ataques, que siguieron un recorrido delictivo inusual por su continuidad y proximidad, provocaron una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, históricamente organizado frente a los problemas de seguridad. “No es un hecho aislado, es un derrotero delictivo. Una moto con tres personas recorriendo el barrio y robando al voleo, con total impunidad”, advirtió Daniel Domínguez, presidente de la Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo, durante una visita a la redacción de EL DIA.

Según explicó, la preocupación no se limita a los robos recientes sino a un “entramado más profundo” que, a su criterio, vincula la violencia urbana con la venta de drogas en la zona roja. “Hace más de 12 años que denunciamos la venta de estupefacientes. Esto genera robos rápidos, celulares, dinero fácil, porque todo se canjea por droga”, sostuvo.

Domínguez precisó que el barrio Mondongo se extiende de 122 a 7 y de 60 a 72, y que el circuito de la zona roja se concentra principalmente sobre diagonal 73 y calles aledañas, desde el área del Hospital San Martín hasta las inmediaciones del estadio de Estudiantes. Allí, aseguró, se acumulan denuncias por narcomenudeo que fueron presentadas tanto en la Justicia provincial como en el fuero federal. “Hicimos más de 40 denuncias. Hubo investigaciones, allanamientos y operativos, pero después todo queda en la nada”, afirmó.

El dirigente vecinal también relató las consecuencias personales de esas presentaciones judiciales. Dijo haber recibido amenazas, sufrir escraches y hasta verse obligado a mudarse del barrio. “Denunciar tiene costos. Somos siempre los mismos vecinos los que damos la cara, porque el resto tiene miedo”, señaló.

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En ese contexto, recordó que en los últimos años se registraron al menos cuatro homicidios en la zona, además de numerosos robos violentos. “No estamos hablando solo de hurtos. Hubo asesinatos, heridos y situaciones gravísimas. Muchos de estos robos son improvisados y protagonizados por personas bajo los efectos de las drogas, lo que los vuelve todavía más peligrosos”, explicó.

Desde la Asamblea Vecinal insisten en que el núcleo del problema es político. Domínguez remarcó que existe una ordenanza municipal que habilita el traslado de la zona roja fuera del casco urbano, pero que nunca fue implementada. “Se votó, se aprobó y no se ejecutó. Falta decisión política. Todo se maneja de arriba hacia abajo”, afirmó.