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Para los abogados de CABA las designaciones sin pasar por el Congreso “compromete seriamente la institucionalidad”
Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio de Abogados de CABA / NA
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, difundió un duro comunicado contra la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto N° 137/2025. Al respecto dijo que el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla “compromete seriamente la independencia judicial y pone en riesgo la confianza pública en el máximo tribunal del país”.
“Más allá del debate sobre el alcance de la facultad presidencial establecida en el artículo 99 inc. 19 de la Constitución Nacional, es indiscutible que se trata de una potestad excepcional y de interpretación restrictiva. La designación de jueces de la Corte por decreto no puede justificarse bajo el pretexto de una demora en el proceso regular”, señaló el comunicado de los abogados porteños.
Y agregó: “Nuestra Constitución exige que los jueces de la Corte Suprema sean designados a través de un proceso complejo, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Senado, requiriéndose una mayoría agravada de dos tercios para la aprobación (o no) de los pliegos de los candidatos. Un juez designado provisoriamente se encuentra en una situación de fragilidad, que podría condicionar su desempeño, pues su permanencia en el cargo depende de la voluntad de los poderes políticos”.
Explicaron además que “la legitimidad de la Corte no sólo radica en la idoneidad de sus integrantes, sino también en la observancia de los mecanismos establecidos para su designación. Estos procedimientos no constituyen meras formalidades, sino que son pilares fundamentales para resguardar la independencia judicial y consolidar la credibilidad de las instituciones”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la designación por decreto, por parte del Gobierno Nacional, de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia y aseguró que “es inconstitucional y antidemocrático”.
“Designar jueces de la Corte Suprema, en comisión por un año, va a implicar que están dependiendo de la posición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del Senado para mantener su cargo y es contrario a las garantías de independencia y a la idea de estabilidad de los jueces para que no los presionen”, remarcó el CELS.
El ex juez y diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, se quejó hoy de que la Corte Suprema haya tomado juramento a Manuel García-Mansilla, y renovó su pedido para que se frene la designación de Ariel Lijo.
Por su parte el diputado Maximiliano Ferraro (CC), sostuvo que la designación por decreto Lijo y García Mansilla representa “una herida casi mortal a la institucionalidad”.
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