Impulsan una demanda colectiva por $Libra

A las múltiples denuncias que se acumularon por el escándalo de $Libra, se sumó ahora una demanda colectiva contra los responsables de la criptomoneda que difundió en redes sociales el presidente, Javier Milei, con el resultado ya harto conocido: la cotización del activo se disparó en pocas horas para desplomarse después, dejando un tendal de personas con pérdidas millonarias y unos pocos ganadores.

Al respecto, el especialista en blockchain Martín Romeo, quien forma parte de la querella en la causa $Libra, explicó que la acción judicial busca determinar qué delitos cometió cada parte de la cadena de valor e iniciar reclamos civiles para que los inversores recuperen su dinero.

“No fue una mala operación ni una inversión especulativa. Fue una estafa. La gente compraba y, del otro lado, sacaban los fondos de liquidez. No es que alguien vendió su parte y cayó el precio, se llevaron el respaldo de la moneda y la hicieron colapsar”, advirtió Romeo, quien si bien aclaró que la criptomoneda no fue creada por el Presidente, consideró que tuvo un rol clave al impulsarla públicamente.

“Sin Milei, $Libra no hubiera alcanzado el volumen que tuvo. Él fijó publicaciones, lo promocionó en Instagram y lo confirmó en Bloomberg, el medio financiero más importante del mundo”, remarcó.

El principal señalado como responsable es Hayden Davis, dueño de Kelsier Ventures, empresa que desarrolló $Libra desde los Estados Unidos.

“Davis y su equipo admitieron en un video que retiraron los fondos de liquidez, lo que dejó sin respaldo a la moneda y provocó su colapso. Se llevaron 110 millones de dólares de los pools de liquidez, más 100 millones por información privilegiada”, denunció Romeo.

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En la Argentina, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

Según Romeo, la querella apunta contra toda la cadena de valor por distintos delitos: “Estafa y fraude financiero (Hayden Davis y Kelsier Ventures); tráfico de influencias (Novelli, encargado del lobby); mal ejercicio del cargo público (Milei, por promover la moneda sin garantías); uso de información privilegiada (actores clave del proyecto).

Paralelamente, la SEC de Estados Unidos inició una investigación de oficio. “Si la causa avanza en Estados Unidos, los responsables podrían enfrentar penas de prisión. En ese país, estos casos se toman en serio”, advirtió Romeo.