Rechazo al proyecto de “Libertad Inmobiliaria”

El proyecto de ley de “Libertad Inmobiliaria” cosechó un fuerte rechazo de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA).

Tal como publicó este diario, la propuesta legislativa del diputado nacional Alejandro Bongiovanni, apunta a la derogación de la matrícula obligatoria, propone eliminar requisitos académicos para ejercer y busca suprimir el ejercicio público y colegiado en la comercialización de bienes inmuebles.

De acuerdo con la propuesta que ya ingresó al Congreso nacional, los únicos requisitos para participar de la actividad intermediaria serán acreditar mayoría de edad, contar con domicilio electrónico en ARCA y en el Registro Público de Comercio correspondiente y cumplir con los requisitos administrativos generales aplicables al comercio en cada jurisdicción”.

La Cámara Inmobiliaria bonaerense aseguró que el proyecto navega en “fundamentos falaces y carentes de sustentos técnicos que, más que promover ‘libertad’, inducen informalidad”, indicó.

“Si bien el proyecto sostiene que su objetivo es ‘garantizar a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios’, la premisa planteada es capciosa, a partir de que este derecho ya existe. Ninguna persona está obligada por ley a contratar a un corredor inmobiliario determinado para comprar o vender una propiedad”, se añadió.

En esa línea, se indicó desde CIBA que “la compraventa entre particulares sin intervención de intermediarios es legal en el mercado argentino”.

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Luego, la Cámara sostuvo que “la función del corredor es la de brindar un servicio profesional y no es obligatorio. Lo que establece el orden normativo actual es que quien desea ejercer profesionalmente la intermediación y cobrar honorarios por ello, debe estar matriculado y cumplir con idoneidad académica. Esto más que ‘coartar’ al consumidor lo protege”.

Para la Cámara, “eliminar la matrícula habilitante equivale a permitir que cualquiera se arrogue funciones profesionales sin control ni formación, dejando al consumidor en una situación de total desprotección frente a eventuales fraudes, incumplimientos o negligencias”.

La entidad resaltó que “la matrícula profesional no es un beneficio corporativo, sino un instrumento público de control, transparencia y protección”. Y advirtieron que una medida de esta índole propicia “abrir una puerta al desconocimiento, al fraude y a la degradación del mercado”.