La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que dejó cientos de miles de víctimas entre 1980 y 2000.
La mandataria, que bate récords de impopularidad, desafió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abstenerse de poner en marcha una norma que puede afectar los derechos de las víctimas.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La fiscalía, por su parte, calcula en 20.000 la cifra de desaparecidos.
Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte justificó la promulgación de la norma aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio.
“Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia”, sostuvo.
Según la disposición, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia. También prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años.
Sus promotores creen que así se cerrarán procesos judiciales que están abiertos desde hace más de tres décadas.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
“TRAICIÓN A LAS VÍCTIMAS”
Boluarte rechazó las críticas a la amnistía: “nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto”.
En ese sentido, consideró que los críticos de la norma se ponen del “lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, cuestionó la promulgación de la ley porque “blinda a policías y militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos”.
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