Giro en la causa AFA: nuevo juez y crece la polémica

La causa judicial que investiga la adquisición de la mentada mansión de Pilar, presuntamente vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio ayer un nuevo vuelco al cambiar (por segunda vez) de juez y pasar del juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky —donde tramitaba actualmente— al de Campana, con Adrián González Charvay al frente.

Así lo resolvió el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, quien de esa manera hizo lugar al pedido de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada beneficiaria de un plan social, a quienes se los investiga como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, para adquirir la propiedad.

ARGUMENTOS

Pantano y Conte habían presentado un pedido de inhibitoria ante González Charvay, quien trasladó la solicitud a su colega Aguinsky para que se apartara.

El magistrado en el que ahora recayó la causa sostuvo que, si se investiga un presunto lavado de dinero sobre la compra de una propiedad que está en Pilar, debe ser su juzgado —con competencia en esa zona— el que intervenga.

Pero ante ese planteo, Aguinsky rechazó desprenderse de la investigación porque, aclaró, el expediente en curso no solo investiga un presunto lavado de dinero, sino también el origen de los fondos para comprar la mansión, y que la principal hipótesis es que se usaron recursos de la AFA, cuya sede está en la ciudad de Buenos Aires. Por eso defendió que el expediente debía permanecer en su juzgado.

Marcelo Aguinsky

Frente a ese conflicto de competencia intervino el camarista Lugones, quien finalmente le dio la razón a González Charvay, hizo prevalecer el argumento territorial y dictaminó que el caso debe tramitar en Campana.

Además, sumó otro fundamento: que “desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires”. Algo que, sin embargo, no fue aprobado por la Inspección General de Justicia (IGJ), que impulsa un pedido para que la AFA aclare presuntas irregularidades en sus balances.

En su fallo, Lugones concluyó que es el partido de Pilar “el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar, resultando el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, en donde ha de desarrollarse con la eficacia necesaria la encuesta”.

A. González Charvay

LA CONTROVERSIA

Con González Charvay, el caso por la mansión de Pilar cambiará de manos por segunda vez. Había comenzado a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas. Pero tras las primeras medidas de prueba, el magistrado se declaró incompetente y, por orden del camarista Leopoldo Bruglia, delegó las tareas en el fuero Penal Económico. Ahora, con la decisión de Lugones, se trasladó a la Justicia de Campana.

La decisión generó controversia porque atiende la solicitud de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, quienes optaron por llevar el conflicto de competencia a la Cámara Federal de San Martín y no a la Cámara en lo Penal Económico porteña, como —según resaltaron fuentes judiciales— correspondería.

El camarista Lugones, que resolvió a favor del pedido de Pantano y su madre, es integrante del Consejo de la Magistratura (órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales) y uno de los referentes de la “Lista Celeste”, la más cercana al peronismo y al kirchnerismo en el ámbito de la política judicial. Sus posiciones y fallos suelen ir en sintonía con la estrategia judicial de este sector.

Por otro lado, en 2019 fue denunciado por la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, por presunto mal desempeño de sus funciones. Se trata de la misma fuerza política que impulsó la denuncia contra los directivos de la AFA por la mansión de Pilar y por supuestas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.

En cuanto a González Charvay, quien asumió como juez de Campana en 2009, en la familia judicial lo definen como un magistrado “duro” contra el narcotráfico. Además, entre otros expedientes, tuvo en sus manos el procesamiento del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, acusado por lavado de activos. También ha dictado fallos a favor de municipios del Conurbano en su pelea con la Nación por el cobro de impuestos y ha resuelto en línea con los intereses del intendente de Pilar, Federico Achával, cercano al kirchnerismo y que se ha mostrado respaldando el liderazgo de Claudio Tapia en la AFA.

El cambio de juzgado en una de las causas que más inquietan a la Asociación del Fútbol Argentino implica una suerte de borrón y cuenta nueva en la investigación que avanzaba sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de 54 autos de alta gama que la Policía secuestró al allanar la mansión de Pilar.

La flota de vehículos estaba a nombre de Real Central, la sociedad que en los papeles figura como dueña del predio de 105 mil metros cuadrados, valuado en unos 20 millones de dólares. Todo está a nombre de Pantano, un monotributista con deudas, y su madre jubilada, quienes para la Justicia carecen de la capacidad económica suficiente como para adquirir los millonarios bienes que están a su nombre.

En ese sentido, días atrás la ejecutiva de un banco declaró en la Justicia que era “imposible” que desde la cuenta que Pantano y su madre tienen en la entidad hubieran podido salir los fondos para pagar uno de los vehículos estacionados en la casa de Pilar: nada más ni nada menos que un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos.

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