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Policiales |CRECE EL ESCÁNDALO POR LA PRESUNTA RED DE MANIPULACIÓN SEXUAL QUE SE HABRÍA MANTENIDO OCULTA POR AÑOS

Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial

La fiscal Betina Lacki le pidió autorización al juez Juan Pablo Masi para poder abrir los soportes tecnológicos secuestrados en la causa, que aportarían más pistas y nombres

Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial

La fiscal Lacki tiene causas pesadas del poder político y judicial / Web

6 de Enero de 2026 | 03:11
Edición impresa

El escándalo que sacudió al Senado bonaerense por la presunta existencia de una red de manipulación y abusos sexuales, que se habría mantenido increíblemente oculta por largos años, sigue sumando capítulos. En las últimas horas, se conoció que la fiscal Betina Lacki le solicitó autorización al juez de garantías Juan Pablo Masi para poder avanzar con la apertura de todos los soportes tecnológicos secuestrados en los allanamientos realizados en el marco del proceso.

La investigación, que se encuentra en etapa de recopilación probatoria, tomó estado público tras una serie de denuncias que derivaron en redadas, detenciones y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una tablet, elementos que ahora serán clave para profundizar la pesquisa, sobre todo para avanzar hacia otros posibles integrantes de la organización. Por acción u omisión.

En ese sentido, según surge del requerimiento judicial, el Ministerio Público Fiscal busca recuperar correos electrónicos, mensajes, fotografías y videos, que podrían resultar determinantes para acreditar los hechos denunciados y establecer el grado de participación de los involucrados. Por el momento, como se sabe, hay dos detenidos identificados. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.

 

Según la orden de detención, uno de los acusados decía ser líder y sensei de “La Orden de la Luz”

 

De acuerdo a lo publicado por este diario, la causa investiga una presunta trama de abusos sexuales, algunos de ellos agravados por acceso carnal, que habría operado mediante vínculos de poder, manipulación psicológica y captación de víctimas dentro de un ámbito institucional sensible.

En ese contexto, los investigadores no descartan la existencia de más personas, como se dijo, tanto en el rol de autores como de partícipes secundarios.

La fiscalía sostiene que el análisis integral del material digital permitiría reconstruir comunicaciones, vínculos y maniobras de encubrimiento, aportando elementos objetivos para avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos.

Por ese motivo, el pedido de autorización apunta a garantizar que las pericias se realicen con aval judicial y resguardo de la cadena de custodia.

Mientras tanto, el caso continúa generando fuerte impacto político e institucional, y se aguarda la resolución del juez Masi para habilitar el examen técnico de los dispositivos, un paso considerado clave para el futuro del expediente.

Entre los datos aportados por voceros con acceso al caso, figura el de una profesional que supuestamente mantuvo un vínculo sentimental cercano con los detenidos y que sería familiar directo de una de las denunciantes. Esa es una de las personas de interés para los pesquisas.

También hablaron de un senador con mandato cumplido, quien actualmente desempeñaría funciones en una repartición oficial y que siendo legislador entabló una presunta relación con una de las víctimas, omitiendo su obligación de denunciar la posible existencia de un delito.

Con todo esto, se cree que los secretos mejores guardados del Senado provincial podrían estar a punto de develarse, sobre todo en cuanto a la real magnitud de la estructura y la identidad de sus eventuales integrantes.

“Es de sospechar que dentro del material secuestrado encontraremos mails, videos, fotos o indicaciones sobre aquellos que, por años, formaron parte de todo esto”, indicó un detective.

 

Esperan que la apertura de los dispositivos sea clave para avanzar sobre pistas firmes

 

Por ahora, hay cuatro mujeres denunciantes, tres de las cuales cuentan con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Fernández Camilo, que ya requirió el aval para actuar como particular damnificado y poder aportar elementos de cargo.

Todo habría comenzado en 2015. Y en base a la orden de detención de Rodríguez y Silva Muñoz, el primero se presentaba como líder y sensei de “La Orden de la Luz”, a través de la cual captaba a las víctimas bajo falsas promesas de puestos laborales y gracias a la colaboración central de su pareja.

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